El Concejo de Bogotá condecora labor académica que detecta capturas por suplantación. Ciudadanos recuperan su vida tras demostrar falencias del Estado.
Publicado por: Redacción Vanguardia
En los pasillos de las facultades de derecho y en las frías celdas de los centros penitenciarios del país, una realidad silenciosa pero devastadora comienza a ver la luz. Se trata de una falla sistémica que, lejos de ser un hecho aislado, ha truncado la vida de ciudadanos ejemplares cuya única falta fue estar en el lugar equivocado o poseer un documento de identidad vulnerable. Lo que comienza como un trámite cotidiano, como ejercer el derecho al voto o transitar por una avenida principal, se ha transformado para muchos en una pesadilla legal de años, donde la presunción de inocencia parece ser un concepto olvidado por el aparato judicial colombiano.
El fenómeno de las condenas erradas ha dejado de ser una trama de ficción para convertirse en una estadística alarmante. Detrás de cada expediente reposa la historia de familias fracturadas y reputaciones destruidas por errores que van desde la suplantación de identidad hasta la falta de rigurosidad en los cotejos dactilares. Esta problemática ha movilizado a la academia, específicamente a la Universidad Manuela Beltrán (UMB), que a través de su Proyecto Inocencia, ha asumido la defensa de aquellos que el sistema decidió ignorar.
El estigma de una identidad suplantada por error
Uno de los desafíos más críticos que enfrenta la justicia en Colombia es la verificación de la identidad al momento de las capturas. Casos recientes demuestran que el sistema de registro judicial puede ser vulnerado con una facilidad pasmosa. Rodrigo José Rodríguez Canoles, por ejemplo, fue interceptado en Cartagena para cumplir una condena de 108 meses por un delito que jamás cometió. La investigación posterior reveló que un delincuente en Turbaco utilizó su número de cédula y las autoridades omitieron el protocolo básico de confirmación. Solo la ausencia de un tatuaje —marca distintiva del verdadero criminal— permitió que la verdad saliera a flote.
Situaciones similares han afectado a ciudadanos como Carlos Estiben Morales y Rosalba Correa. Esta última descubrió su condición de “prófuga” mientras intentaba votar, víctima de un error administrativo tras una suplantación por hurto calificado. Estos episodios evidencian que, en ocasiones, la huella dactilar y la reseña física pasan a un segundo plano frente a la inmediatez de una base de datos desactualizada o mal alimentada. El caso de René Martínez Gutiérrez es quizás el más inverosímil: ha sido detenido tres veces desde 2010 por una coincidencia de nombre y fecha de nacimiento con un narcotraficante peruano, llegando incluso a las puertas de una extradición injusta.
Reconocimiento a una labor que devuelve la vida
Frente a este panorama, el Proyecto Inocencia se ha erigido como el último recurso para los desprotegidos. Desde su fundación en 2007, esta iniciativa ha logrado una cifra histórica: 15 personas han recuperado su libertad tras demostrarse su absoluta inocencia. Este esfuerzo no ha pasado desapercibido; hoy, 5 de marzo, el Concejo de Bogotá otorgará una condecoración oficial a la organización, validando la importancia de cuestionar las sentencias en firme cuando existen pruebas de fallas procedimentales.
Para que un caso sea acogido por este equipo de expertos, se deben cumplir criterios estrictos: el condenado debe haber mantenido siempre su versión de inocencia, existir una sentencia ejecutoriada y carecer de recursos económicos. Además, deben aparecer elementos probatorios nuevos que no fueron valorados en el juicio original. El proceso de postulación se gestiona a través del correo electrónico proyecto.inocencia@umb.edu.co, donde se evalúa si el ciudadano es, en efecto, una víctima más de los engranajes defectuosos de la justicia nacional.
