Habitantes de la zona se vieron obligados a desplazarse tras las explosiones.
La guerra entre grupos armados ilegales en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, no da tregua. El pasado 6 de abril de 2026, mientras los combates entre las disidencias del Frente 33 de Calarcá y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se recrudecían en las inmediaciones del corregimiento de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, los habitantes de la vereda Cuatro Esquinas vivieron una noche de terror.
Artefactos explosivos lanzados, presuntamente, desde drones explotaron cerca de una vivienda, generaron un incendio en el lugar y obligaron a varios residentes a desplazarse hacia el casco urbano del municipio en busca de seguridad.
El atentado dejó dos civiles gravemente heridos y puso nuevamente en evidencia la degradación de un conflicto que ya no se libra únicamente con armas convencionales.
Según reportó la Personería Municipal de El Tarra en un comunicado oficial, los hechos ocurrieron en una zona ubicada a aproximadamente una hora del casco urbano del municipio, un área con presencia histórica de grupos armados ilegales. Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía activó rutas institucionales y mantuvo coordinación con entidades departamentales y nacionales para atender la emergencia. Además: Ministro de Defensa no fue al consejo de seguridad en el Catatumbo
Una nueva táctica de guerra que ya cobra cientos de víctimas
El uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos ilegales en Colombia no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que ha escalado con rapidez alarmante.
Desde el primer ataque documentado con esta modalidad, ocurrido el 26 de abril de 2024 en Argelia, Cauca, se han registrado 422 ataques con aeronaves no tripuladas en distintas zonas del país.
El ritmo con el que se producen estos hechos es perturbador: en promedio, se registra uno cada día y cuatro horas. El saldo humano supera las 328 personas afectadas entre muertos y heridos, entre ellos civiles, policías y militares.
Esta táctica se popularizó entre los grupos armados a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde el uso de drones militares demostró ser una alternativa más económica y menos costosa en términos de vidas propias que los enfrentamientos directos. Siga informado: Andrey Avendaño confirmó escalada criminal del Eln contra disidencias: “Han matado gente desarmada”
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Para organizaciones como el ELN y las disidencias de las FARC, la ecuación resultó igualmente conveniente. Sin embargo, los riesgos de esta modalidad de guerra para la población civil son enormes, las corrientes de viento, una maniobra equivocada o el peso mismo de los explosivos han derivado en tragedias que afectan a comunidades enteras.
El Catatumbo, junto a veredas como Versalles, Filo Gringo y Pacelli, se ha convertido en uno de los epicentros de esta guerra aérea entre el ELN y el Frente 33. Lea también: Disidencias de las Farc usan drones para ordenar desalojo en El Catatumbo: 161 familias desplazadas
Solo en el año pasado, la violencia en esta subregión obligó a cerca de 50.000 personas a abandonar sus hogares, una cifra que refleja el peso devastador del conflicto sobre comunidades que llevan décadas atrapadas entre actores armados.
Instituciones exigen respeto por la vida de los civiles
Las reacciones institucionales ante el ataque en la vereda Cuatro Esquinas no tardaron en llegar. El personero municipal, Jerson Andrey Figueroa Robles, fue enfático al señalar que los hechos representan una grave vulneración de derechos fundamentales, particularmente el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad de los habitantes.
La Personería calificó de inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores continúen siendo blanco de este tipo de acciones y lanzó un llamado urgente a los grupos armados para que se abstengan de operar en zonas habitadas y respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reaccionó desde su cuenta en la red social X y advirtió que los combates entre el Frente 33 de Calarcá y el ELN en el sector de Filo Gringo no se han detenido.
Con un mensaje directo y sin rodeos, calificó estos hechos como crímenes y reclamó el derecho de la población del Catatumbo a vivir en paz. Su publicación incluyó menciones directas al Ministerio del Interior, al Comisionado de Paz y a la Consejería de Derechos Humanos, en un gesto que evidencia la urgencia con la que la funcionaria reclama una respuesta del Estado.
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Otra vez. O mejor, no han parado.
— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) April 7, 2026
Combates entre las disidencias de Calarcá (Frente 33) y el ELN en Filo Gringo - El Tarra, #Catatumbo
Lo diremos una y mil veces, hasta que escuchen: son crímenes y la gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya… pic.twitter.com/8ZEcYCOrrr
La Alcaldía de El Tarra, a su vez, rechazó públicamente los ataques, reiteró que la protección de la vida de los civiles es su prioridad y pidió a los habitantes mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad en sus territorios.
Las voces institucionales coinciden en el diagnóstico, pero la pregunta que queda flotando sobre el Catatumbo es siempre la misma: cuánto más deberá soportar una región que lleva demasiado tiempo pagando el precio de una guerra que no eligió.
