El evento habría sido financiado por jefes de bandas recluidos en el penal.
Lo que comenzó como una denuncia en redes sociales terminó sacudiendo uno de los procesos de diálogo más polémicos del gobierno de Gustavo Petro.
La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, reveló que el pasado 8 de abril se realizó una fiesta de amplias proporciones al interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, conocida como La Paz, en el patio 1, donde se encuentran recluidos los jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá que participan en la mesa de paz urbana.
El evento habría contado con la presentación del artista vallenato Nelson Velásquez, así como del cantante Luis Posada y, según algunas versiones, también habría actuado una intérprete de música popular. Además: Mánager de Nelson Velásquez responde por fiesta en cárcel de Itagüí: “Nos llamaron a trabajar”
¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez?
— Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) April 8, 2026
En este país ya nada sorprende… pero sí indigna.
¿QUÉ ESTARÁN CELEBRANDO EN UNA CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD QUE NO SABEMOS?
Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta.
¿Quién manda realmente? 🚨 pic.twitter.com/zjtZXPh7N3
Una fiesta millonaria financiada por los propios cabecillas
Según los testimonios recogidos por la concejal, el costo total de la celebración habría ascendido a cerca de 500 millones de pesos, financiados mediante una contribución colectiva entre los jefes de las organizaciones delictivas.
Solo al artista Nelson Velásquez se le habrían pagado 100 millones de pesos por su presentación. El evento también habría incluido licor en abundancia y una empresa externa al penal encargada del servicio de alimentación. Le puede interesar: Bukele defiende su megacárcel y desafía a Petro por comentarios sobre “campos de concentración”
Los organizadores del evento habrían aprovechado que ese día el director de la cárcel se encontraba en su descanso, quedando a cargo un mayor de apellido Cipriano.
Precisamente, ese mismo oficial habría estado al frente de la vigilancia el 21 de junio del año pasado durante el llamado “tarimazo”, cuando nueve de estos cabecillas salieron del penal para compartir escenario con el presidente Petro en la plazoleta de La Alpujarra, en el centro de Medellín. Además: Parranda vallenata en cárcel de Itagüí: Nelson Velásquez habría cantado para cabecillas de la ‘Paz Urbana’
Además, los organizadores se habrían valido del beneficio que les otorga su condición de voceros del proceso, que les permite recibir tres visitantes cada miércoles, lo que habría permitido la concentración de cerca de cien personas en el pabellón de alta seguridad. Además: Fiscalía pide a Petro quitar beneficios de paz a disidentes por crímenes en el Catatumbo
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El Gobierno suspende los diálogos y el Inpec abre investigaciones
Ante la dimensión del escándalo, la delegación de Paz del Gobierno Nacional en Medellín y el Valle de Aburrá, encabezada por la senadora Isabel Cristina Zuleta, emitió un comunicado en el que rechazó de manera contundente lo ocurrido y anunció la suspensión inmediata de la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras criminales, hasta tanto no se tenga claridad sobre su responsabilidad en los hechos.
¡La parranda de La Paz! ✌️
— Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) April 9, 2026
Vea el video completo ⬇️ pic.twitter.com/O4B5d3fkG3
La delegación precisó que lo sucedido no hace parte de las garantías ni del funcionamiento del Espacio de Conversación Sociojurídico, mecanismo bajo el que se desarrollan estos diálogos desde junio de 2023.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario también actuó con rapidez. La entidad confirmó que la actividad no fue aprobada ni autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho ni por la Dirección General del Inpec. Le puede servir: Purga en la cárcel de Itagüí: relevan al director tras escandalosa parranda con Nelson Velásquez
Como consecuencia, ordenó la salida del director y del coordinador de la guardia de la cárcel de Itagüí, abrió investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de servicio durante los hechos y autorizó la intervención de grupos especiales en el pabellón de alta seguridad. La delegación gubernamental respaldó todas estas medidas.
El escándalo se suma a una larga lista de polémicas que han rodeado este proceso desde sus inicios. La mesa de conversaciones arrancó en junio de 2023 bajo la figura de Espacio de Conversación Sociojurídico, con el objetivo de lograr acuerdos de convivencia y avanzar hacia el posible sometimiento de 23 estructuras de alto impacto del Valle de Aburrá, cuyos jefes recibieron la calidad de voceros por parte del Gobierno. Le puede interesar: Fuerte enfrentamiento entre Paloma Valencia e Iván Cepeda: cruce de acusaciones en el Senado
El proceso ha sido cuestionado repetidamente por los privilegios otorgados a los cabecillas y por los escasos resultados verificables. En los días previos al escándalo, la decisión de la Fiscalía de suspender órdenes de captura contra los 23 capos, a solicitud del Gobierno, había generado un rechazo casi generalizado, lo que obligó a la fiscal Luz Adriana Camargo a anunciar la reversión parcial de la medida, conservando el beneficio solo para siete de los cabecillas.
