La negociación falló en un punto neurálgico: la reparación integral de las víctimas.
Publicado por: Redacción Vanguardia
En una determinación que sacude nuevamente los cimientos del proceso judicial más mediático de los últimos años, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en la tarde de este martes 14 de abril de 2026, su negativa frente al preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez. La decisión no solo representa un revés para la estrategia de defensa del exfuncionario, sino que se convierte en un enérgico llamado de atención al ente acusador por vacíos sustanciales en la estructura de la negociación.
La magistrada a cargo de la ponencia argumentó con severidad que los lineamientos establecidos en el documento de colaboración no cumplen con los estándares legales mínimos exigidos para este tipo de beneficios procesales. Según el alto tribunal, la negociación falló en un punto neurálgico: la reparación integral de las víctimas.
La justicia colombiana enfatizó que no existió una especificación clara sobre cómo se resarcirían los daños causados a las partes afectadas, entre las que figuran de manera prioritaria dos comunidades indígenas Wayúu de La Guajira, cuyos recursos básicos fueron comprometidos en el entramado de corrupción.
Falta de claridad en la reparación a las víctimas
El fallo resalta que, pese a que López Martínez aceptó su responsabilidad en delitos de peculado por apropiación y cohecho, el componente indemnizatorio quedó en una zona gris que la judicatura no está dispuesta a ignorar. Para el Tribunal, la gravedad de los hechos —que involucran el desvío de recursos destinados a emergencias y poblaciones vulnerables— exige un compromiso de devolución de bienes y dinero que sea proporcional al detrimento patrimonial causado al Estado colombiano.
Olmedo López había escrito una carta firmada con huella dactilar
Por su parte, desde su lugar de reclusión, Olmedo López emitió una misiva cargada de simbolismo, firmada incluso con su huella dactilar, en la que intentó anticiparse al golpe judicial. En el documento, el exdirector aseguró que su voluntad de colaborar es “incondicional” y que no retrocederá en sus señalamientos, independientemente de los obstáculos procesales. “Si la justicia requiere más, habrá más”, sentenció López, quien además denunció haber sido objeto de presiones, seguimientos e intentos de soborno que ascenderían a miles de millones de pesos para comprar su silencio.
El exfuncionario reiteró la existencia de una estructura criminal que, según su versión, operaba desde la propia Casa de Nariño bajo el nombre del “cónclave”. En sus declaraciones, que el Tribunal ahora pone en pausa técnica mientras se reajustan los términos legales, López ha vinculado a figuras de alto perfil político, incluyendo exministros de las carteras de Hacienda e Interior, así como a exdirectores del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Función Pública, quienes actualmente se encuentran prófugos.
La defensa, liderada por el abogado José Moreno, sostuvo que su cliente ha entregado pruebas suficientes que corroboran la participación de congresistas y contratistas en el direccionamiento de contratos a cambio de favores políticos. Sin embargo, con este segundo rechazo al preacuerdo —que inicialmente contemplaba una pena de 6 años y 2 meses de prisión— la Fiscalía deberá reformular los términos de la negociación si pretende mantener a López como su testigo estrella en el juicio contra la red de corrupción que desangró las arcas de la gestión del riesgo en el país.
