Más de 6.000 personas de otros países están privadas de libertad en el país, en medio de hacinamiento y falta de oportunidades al recuperar la libertad.
Publicado por: Redacción Vanguardia
De cada 10 extranjeros privados de la libertad en Colombia, ocho nacieron en Venezuela. La cifra es contundente, pero detrás de ese dato hay una realidad menos visible: para muchos, lo más difícil no ocurre dentro de la cárcel, sino cuando recuperan la libertad. Así lo advierte un informe de la Fundación Acción Interna, junto con testimonios de expresos y la voz del procurador delegado para los derechos humanos.
En Colombia, cerca de 102.000 personas están privadas de la libertad y 6.400 son extranjeras. De ese grupo, más de 5.000 son venezolanas. Los delitos más frecuentes son hurto, extorsión, lesiones personales y homicidio.
El peso de las cifras en medio del hacinamiento carcelario
El dato se conoce en medio de una de las peores crisis de hacinamiento en años. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en septiembre de 2025 las cárceles registraban una sobrepoblación del 28,6 %, con más de 104.000 personas recluidas pese a que solo existen cupos para cerca de 81.000 .
El sistema penitenciario arrastra desde hace años un “estado de cosas inconstitucional”, una figura con la que la Corte Constitucional ha reconocido la violación masiva y sostenida de los derechos de las personas privadas de la libertad.
En ese contexto, la situación de los extranjeros privados de la libertad adquiere una dimensión adicional: no solo enfrentan las condiciones del sistema, sino también barreras sociales y legales al momento de salir.
Salir de prisión, el inicio de otra lucha
Antonio Rubio, ciudadano español, vivió esa realidad. Fue condenado por tráfico de estupefacientes tras ser engañado para actuar como “correo humano”, término que se usa para quienes transportan droga en su cuerpo o equipaje. Cumplió su pena y recuperó la libertad, pero asegura que allí comenzó lo más difícil.
“Estuve tres noches durmiendo a la intemperie y pasando frío porque no tenía ni para un hotel”, contó a Noticias RCN. Sin familia en el país y con antecedentes judiciales, la reinserción se volvió un desafío casi tan duro como la vida en prisión. “No tienes a dónde recurrir y ni te hacen caso”, relató.
Para Johana Bahamón, fundadora de Acción Interna, el riesgo es que estas cifras terminen alimentando la discriminación contra la población migrante. Por eso insiste en la necesidad de “humanizar la estadística” y comprender los contextos de vulnerabilidad que pueden empujar a una persona a delinquir. Solo así, sostiene, es posible diseñar programas de resocialización enfocados en población migrante.
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El procurador delegado para los derechos humanos, Néstor Osuna, también advirtió sobre el problema estructural. Recordó que, aunque las cárceles están llenas, eso no necesariamente significa que la criminalidad esté disminuyendo. “Las personas que salen de las cárceles, sean colombianas o extranjeras, no tienen suficientes programas de resocialización que reduzcan el riesgo de reincidir”, señaló el también exministro de Justicia.
