Organizaciones alertan cambios en el conflicto y mayor riesgo para la niñez en zonas vulnerables del país.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia sigue creciendo silenciosamente, mientras en varias regiones del país se consolidan nuevas formas de vinculación a los grupos armados ilegales. Aunque las cifras recientes encienden las alarmas, detrás de los números hay transformaciones profundas en la manera como opera este delito.
Un fenómeno que crece sin freno en regiones
De acuerdo con la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado (Coalico), el reclutamiento de menores ha aumentado cerca de un 300 % desde 2022, una tendencia que refleja un deterioro en las condiciones de protección de la niñez en territorios históricamente afectados por el conflicto.
Hilda Molano, coordinadora de la organización, explicó que los registros de monitoreo de Naciones Unidas muestran un escenario crítico: actualmente se estima que ocurre un caso de reclutamiento cada 20 horas en el país. Esta frecuencia evidencia no solo la magnitud del problema, sino también la capacidad de adaptación de los grupos armados.
Las zonas más impactadas siguen siendo departamentos como Cauca, Guaviare y Arauca, donde la presencia de estructuras ilegales se mantiene constante. Allí, factores como la pobreza, la deserción escolar y la fragilidad de los entornos familiares continúan siendo aprovechados para captar menores.
Nuevas estrategias para captar y usar menores
Uno de los hallazgos más preocupantes tiene que ver con la transformación en las dinámicas de reclutamiento. Ya no siempre se trata de sacar a los menores de sus hogares de manera permanente. Ahora, según Coalico, algunos niños permanecen en sus casas, asisten a la escuela y, al mismo tiempo, participan en actividades con los grupos armados durante fines de semana o en horarios específicos.
Este cambio dificulta la identificación de los casos y amplía el subregistro, pues muchas situaciones pasan desapercibidas para las autoridades. A esto se suma el traslado forzado de menores entre regiones, una práctica que ha sido documentada por entidades oficiales y que busca evitar fugas y reforzar estructuras en zonas estratégicas.
En paralelo, informes recientes advierten que el reclutamiento sigue concentrándose en ciertas regiones del país. Solo en 2024 se reportaron más de 400 casos, con una alta incidencia en el Cauca, donde también se concentra un gran número de víctimas indígenas.
Bombardeos y niñez en medio del conflicto
La problemática no se limita al reclutamiento. Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que al menos 65 menores han muerto en bombardeos durante el actual gobierno, una cifra que ha reavivado el debate sobre las operaciones militares en contextos donde hay presencia de niños vinculados a grupos armados.
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El análisis de organizaciones sociales indica que estas muertes coinciden geográficamente con los principales focos de reclutamiento, lo que evidencia la complejidad del conflicto y los riesgos que enfrentan los menores en territorios bajo disputa.
Frente a este panorama, expertos insisten en que, bajo estándares internacionales, ningún menor de 18 años puede ser considerado parte voluntaria de un grupo armado. La vinculación siempre implica algún tipo de coerción, presión o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad.
Mientras tanto, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente frente a la rapidez con la que mutan las estrategias de los grupos ilegales. El resultado es un escenario en el que la niñez continúa en el centro del conflicto, atrapada entre el reclutamiento, la violencia y las operaciones militares.
