Colombia se retiró de la Coalición por la Igualdad de Derechos, una alianza internacional por las personas LGBTIQ+. La decisión despierta preocupación en Santander por el respaldo a su protección y participación, en un departamento donde Caribe Afirmativo documentó 11 asesinatos de integrantes de esta población en 2025.
Publicado por: PAOLA ESTEBAN C.
En 2016, Uruguay y Países Bajos impulsaron un espacio para que los gobiernos pudieran dialogar y trabajar juntos por los derechos de las personas LGBTIQ+. Lo llamaron Coalición por la Igualdad de Derechos. Una década después, la decisión de Colombia de retirarse de esa alianza abrió una preocupación que llega hasta Santander: qué respaldo tendrán las iniciativas locales de protección y participación cuando el Gobierno nacional deja de considerar prioritario ese escenario internacional.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, recuerda que Colombia fue invitada desde los primeros años. El país atravesaba el proceso de paz y la incorporación del enfoque de género en el acuerdo había despertado interés internacional.
“La Equal Rights Coalition es un mecanismo de Estados que nació en el año 2016”, explicó. Su propósito era contar con “un espacio de diálogo y articulación entre gobiernos que tienen compromisos con personas LGBT”.
La invitación abrió un camino que tardó varios años en concretarse. Según el relato de Castañeda, el interés se mantuvo durante distintas administraciones hasta que Colombia materializó su participación. Por tratarse de un mecanismo de articulación internacional, la representación estatal quedó en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Durante esos años también se desarrollaron instrumentos internos para proteger a esta población. En mayo de 2018, el país adoptó, mediante el Decreto 762, una política pública nacional para garantizar los derechos de las personas de los sectores LGBTI y con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
La norma incluyó tareas de fortalecimiento institucional, participación y eliminación de barreras para acceder a servicios y derechos. También contempló acciones de las entidades nacionales y territoriales. Ese marco estableció compromisos cuya aplicación sigue siendo motivo de cuestionamientos desde las regiones.
Con el tiempo, Colombia pasó a ocupar un lugar de mayor responsabilidad dentro de la coalición: asumió la copresidencia junto con España. El país participaba así en la conducción de un mecanismo que reúne a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para promover los derechos de las personas LGBTIQ+.
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Mientras esa agenda internacional avanzaba, la violencia dentro del país seguía dejando víctimas. Caribe Afirmativo documentó 165 asesinatos de personas LGBTI en 2024 y 270 en 2025. El incremento fue del 63,6 %: en promedio, una persona asesinada cada 32 horas. Las cifras corresponden al registro nacional de la organización.
En mayo de 2026, la coalición volvió a pronunciarse sobre la necesidad de proteger estos derechos. En su declaración por el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, vinculó la lucha por la igualdad con la defensa de la democracia y destacó la participación de las organizaciones sociales.
Cuatro meses después llegó el anuncio del retiro colombiano.
El 17 de septiembre, la Cancillería comunicó que la salida tendría efecto inmediato. Con esa decisión, Colombia también dejó la copresidencia que compartía con España. El proceso de acercamiento y participación descrito por Castañeda quedó interrumpido.
La explicación institucional fue que, después de una evaluación, la participación en este mecanismo había dejado de ser prioritaria para la política exterior. La Cancillería sostuvo que el retiro no afectaba los derechos y señaló que Colombia cuenta con protecciones constitucionales, normas, políticas públicas y decisiones judiciales para esta población.
En Santander, Diego Ruiz, director de la Corporación CONPAZES recibió la decisión con una inquietud sobre sus posibles consecuencias territoriales. Teme que el mensaje del Gobierno termine debilitando el respaldo a las iniciativas de defensa de derechos y a los espacios donde las personas LGBTIQ+ pueden participar.
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Ruiz considera que en la región todavía cuesta dimensionar para qué sirven estos mecanismos internacionales. En su explicación, la representación entre países permite impulsar acciones que pueden fortalecer la protección de las personas en sus propios territorios. Por eso le preocupa que el retiro sea interpretado como una señal de que esa agenda puede perder importancia también en las instituciones locales.
Su lectura parte de las dificultades que identifica en Santander y Bucaramanga para convertir las políticas públicas en resultados. “La verdad es muy poco lo que se ha aterrizado”, afirmó al referirse a su implementación. A su juicio, las acciones siguen siendo limitadas frente a las metas que deberían cumplirse.
La existencia de una política pública y su ejecución son asuntos distintos. En el caso de Santander, las declaraciones de Ruiz cuestionan el cumplimiento y la continuidad de las acciones. Su temor es que el cambio de orientación nacional haga más difícil avanzar en esas tareas.
También encuentra un desafío dentro de la sociedad: fortalecer los vínculos entre las personas, las organizaciones y los procesos comunitarios. Describe un entorno fragmentado, que necesita trabajar en el reconocimiento de los derechos y en la capacidad de actuar colectivamente.
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Desde esa realidad plantea su advertencia. Le preocupa que, con el paso del tiempo, se cierren oportunidades de participación o pierdan respaldo las acciones de defensa de la población LGBTIQ+. Sus declaraciones expresan un riesgo hacia adelante; no identifican un programa local que ya haya sido cerrado como consecuencia del retiro.
La trayectoria que comenzó con una invitación internacional en 2016 desemboca ahora en una pregunta para Santander: cómo sostener y hacer efectivas las garantías en los municipios. Para Ruiz, la respuesta requiere fortalecer la organización social y mantener la atención sobre las decisiones institucionales. Su temor es que el mensaje termine sirviendo para “quitarle derechos, quitarle participación y quitarle voz” a los sectores LGBTIQ+.
Violencia contra las personas LGBTIQ+
En Santander, Caribe Afirmativo documentó 11 asesinatos de personas LGBTIQ+ durante 2025, equivalentes al 4,07 % de los 270 casos registrados por la organización en Colombia. La cifra departamental forma parte de su informe anual sobre derechos humanos y permite dimensionar la urgencia de la protección en los territorios. Se trata de casos documentados por una organización social, cuyo registro debe distinguirse de las estadísticas de las autoridades.
El panorama nacional muestra un deterioro: los asesinatos pasaron de 165 en 2024 a 270 en 2025, un incremento del 63,6 %. Esto equivale a una persona asesinada aproximadamente cada 32 horas. El informe también advierte deficiencias en los registros sobre orientación sexual e identidad de género de las víctimas, que dificultan conocer la magnitud de la violencia y sus características.
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Las afectaciones documentadas abarcan además amenazas, discriminación, violencia policial y agresiones sexuales y digitales. Por eso, el seguimiento a la situación de esta población comprende tanto la protección de la vida como las condiciones en las que puede acudir a las instituciones, denunciar y ejercer sus derechos.
En el ámbito departamental, Santander cuenta con una Política Pública LGBTI/OSIGD para el periodo 2023–2033, con un plan de acción publicado por la Gobernación. OSIGD hace referencia a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas. La existencia de este instrumento ofrece un marco para examinar qué acciones se ejecutan, cómo se financian y cuáles son sus resultados.
Ese cumplimiento es precisamente una de las preocupaciones expresadas por Diego Ruiz en este reportaje. A su juicio, en Santander y Bucaramanga las políticas todavía tienen una aplicación limitada. Su advertencia pone el foco en tareas concretas: sostener los espacios de participación, fortalecer la organización comunitaria y mantener el respaldo institucional a la defensa de derechos. Las cifras de violencia y los compromisos departamentales sitúan esa discusión en las condiciones de vida y seguridad de las personas LGBTIQ+ de la región.
