viernes 21 de mayo de 2021 - 11:14 AM

Bloqueos son un delito y generan afectaciones económicas graves

Con corte al 19 de mayo, se registran 2.084 obstrucciones irregulares. Según el código penal, esta conducta es un delito. Empresas ya advierten efectos en su operación.
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Las interrupciones en las vías se han configurado como el principal punto de quiebre entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, teniendo en cuenta que mientras los colectivos piden desmilitarizar las protestas antes de negociar, y de paso niegan estar detrás de esas vías de hecho, el presidente Iván Duque ha contestado que se debe garantizar la movilidad del país para poder buscar acuerdos.

Inclusive, el pasado fin de semana, cuando los promotores de las movilizaciones exigían el retiro de los militares, el mandatario, paralelamente, anunciaba más despliegue de Fuerza Pública con el objetivo de restablecer el paso en las arterias viales del territorio.

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“No existe en Colombia ningún derecho a obstaculizar vías, ningún derecho a afectar los derechos de los demás, ningún derecho a limitar la alimentación, el abastecimiento y el bienestar de nuestras familias”, enfatizó el mandatario.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con el artículo 353A del Código Penal, “el que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses”.

Además, agrega que los responsables pueden pagar una multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes por este tipo de conducta.

Sin embargo, el parágrafo de este artículo estipula que se excluyen allí las movilizaciones “realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política”.

“El permiso al que alude la norma debe entenderse entonces como el resultado de un aviso previo, que no persigue solicitar autorizaciones para ejercer un derecho fundamental, sino que tiene por objeto informar a las autoridades para que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades comunitarias”, precisa la sentencia C-742 de la Corte Constitucional, que le dio aval jurisprudencial a la mencionada norma.

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Según Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, tanto el Código Penal, como la anterior sentencia, señalan que obstruir las vías es un delito y es una conducta por fuera del derecho a la protesta.

Por eso, es que el Jefe de Estado dijo tener una base legal para usar a la Fuerza Pública en estos escenarios.

Panorama de los bloqueos

Con base en los reportes del Ministerio de Defensa, hasta el miércoles 19 de mayo, se presentaban 2.084 bloqueos en las vías colombianas, lo que supone un incremente con respecto a las 1.501 obstrucciones registradas el mismo día de la semana anterior.

A partir de esta situación, algunos sectores de la economía han comenzado a evidenciar impactos negativos.

Según cálculos recientes hechos por José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, un día con bloqueos puede costar unos 484.000 millones de pesos (ver gráfico).

En este sentido, las compañías dedicadas al comercio internacional han reportado complicaciones como incumplimiento a clientes extranjeros. Inclusive, una reciente encuesta de Analdex indicó que las operaciones de este sector han caído más de 80 % en los primeros 15 días de paro.

Según Mindefensa, las obstrucciones se han concentrado principalmente en el Suroccidente de Colombia (Valle del Cauca, Cauca y Nariño).

Para Jean Carlo Mejía, consultor internacional en temas de seguridad, esto obedece a la conexión con el puerto de Buenaventura, que “es nuestro principal puerto, pero rodeado de elementos de multicriminalidad y además de problemas sociales bastante estructurales”

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