“Preocupantes repertorios” es lo que está consignado en la tutela que presentará el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Cspp, en contra del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, por la cantidad de irregularidades que se han presentado desde el inicio del Paro Nacional.
Publicado por: Colprensa, Bogotá
En la tutela que estará en manos del Tribunal Superior de Bogotá, y que también firmaron el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente y Dejusticia, reposan actos de violencia que, a su juicio, violan los derechos fundamentales.
Para las organizaciones de derechos humanos está claro que “la disolución sistemática e injustificada de protestas pacíficas, la utilización ilegal de armas potencialmente letales, el uso arbitrario e innecesario de agentes químicos irritantes para la dispersión de manifestaciones y la utilización arbitraria de mecanismos policiales para detener a manifestantes generan un ambiente de temor y zozobra”.
Además de ello, los tutelantes consideran que se suman las prácticas de estigmatización y militarización de la protesta, lo que a su juicio, parece un sistema de represión que desincentiva la participación ciudadana a través de la manifestación, dado que se entiende como una afectación al orden público y no como el ejercicio de un derecho fundamental.
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Lo que piden
Por todo ello, las organizaciones que tienen firmas de estudiantes, profesores y ciudadanos, solicitan al Tribunal que proteja los derechos a la protesta, la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso y a no ser sometidas a desaparición forzada.
El documento también solicita al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, así como al director de la Policía, Óscar Atehortúa, que corrijan la forma de actuar de la Policía incluyendo al Esmad.
El pedido es que revisen los protocolos en el marco de las manifestaciones, y qué garanticen el ejercicio del derecho a la protesta y se comprometan con la adopción de políticas y prácticas afines con un Estado social y democrático de derecho.
Igualmente, solicitan que se garantice la no repetición de estos hechos, y qué por medio de una mesa de trabajo se ocupe de estudiar las cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza por parte del Esmad y de la Fuerza Pública en general, salga un informe sobre las actuaciones de este cuerpo de policía.
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El informe, según los tutelantes, deberá ser conocido por el Gobierno Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, representantes de distintos sectores de la sociedad que hacen uso del derecho a la protesta, las plataformas de derechos humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia.
Del mismo modo, estimaron pertinente reafirmar la prohibición de disolución de protestas pacíficas y el uso de la fuerza de forma gradual y sólo cuando sea estrictamente necesaria, proporcional y con respeto al principio de precaución.
Por otro lado, también piden eliminar riesgos asociados al uso de armas potencialmente letales en labores de intervención a protestas en donde ocurren hechos violentos. “Entre otras cosas, con la prohibición de proyectiles de energía cinética tipo bean bag y la restricción del uso de otras municiones de este estilo en casos en que no esté en peligro directo e inminente la vida o integridad personal de un agente de la Fuerza Pública o una tercera persona”.
El documento también solicita garantizar la correcta identificación y la rendición de cuentas de quienes integran la Fuerza Pública e intervienen en movilizaciones y protestas.
En razón exclusiva del Esmad, piden conformar una mesa de trabajo que de manera exclusiva se ocupe de estudiar las cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza por parte del escuadrón, y en la cual las organizaciones sociales puedan discutir las propuestas de reforma de dicha Unidad.
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Algunas pruebas
En el documento que reposará sobre el despacho de unos de los magistrados del tribunal se encuentran algunos de los hechos que demuestran, a juicio de las organizaciones, la existencia de prácticas sistemáticas de vulneración al derecho a la protesta.
Inicialmente, relatan la disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas sin que medie ningún hecho que perturbe la convivencia, como en Bogotá durante el 21 y 22 de noviembre.
Del mismo modo reseñan las heridas causadas por armas potencialmente letales usadas por el Esmad y la fuerza disponible de la Policía para dispersar multitudes contra los manifestantes, algunas de las cuales han causado muerte, como la de Dylan Mauricio Cruz Medina.
Así mismo, informan el uso de gases lacrimógenos y otros gases o agentes químicos irritantes para impedir que los manifestantes concurran masivamente a lugares emblemáticos de la vida políticanacional como la Plaza de Bolívar.
Por último, pusieron de presente el uso indiscriminado del traslado por protección (artículo 155 del Código Nacional de Policía) y el traslado para procedimiento policivo (artículo 157 del Código Nacional de Policía) con el fin de intimidar y evitar la movilización, entre otros, dentro de los cuales se han identificado prácticas que pueden dar lugar a desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos, y violencias con impactos diferenciados de género sobre poblaciones sujetas a especial protección constitucional.
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Los intentos fallidos
Las organizaciones aseguraron que para evitar que tales sucesos siga ocurriendo se han intentado diversas acciones de interlocución con las autoridades, se han desarrollado ejercicios de veeduría en terreno y se ha solicitado la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables por los hechos más graves.
Sin embargo, la preocupación de los tutelantes es que no ha habido ninguna respuesta, más que mantener sus esquemas de operación como ha sido de conocimiento público.
