Detrás de las paredes

Pocos días después del revuelo político que causó el que el Comité de Presos por la Verdad de Colombia, Capítulo La Picota, enviara una carta a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, solicitando que se oigan sus testimonios sobre hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en el país, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, solicitó al presidente Duque, que objete la Ley Estatutaria, herramienta esencial de la JEP.

Y es que precisamente, en uno de los apartes que contiene la carta de los internos, estos indican que es su obligación aportar a la historia de Colombia y a la solución del conflicto, contribuyendo con confesiones, revelaciones y señalamientos, “sin escatimar nuestra responsabilidad, sin dejar de lado, eso sí, la verdad de a puño que por circunstancias que colectiva e individualmente pondremos de presente”.

Y aunque hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial de la JEP, lo que se conoció es que “la solicitud se estudiará y será caso a caso”.

Expertos consultados por Vanguardia Liberal consideran que detrás de las trabas para que los presos lleguen a la JEP podrían estar algunos políticos y, además, que es necesario esperar la decisión de la JEP.

La intención

La socióloga Sara Tufano considera que “las trabas que el uribismo ha venido poniendo a la JEP son una respuesta a la carta de los 300 presos de La Picota, quienes pidieron ser acogidos y escuchados en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque lo que más le preocupa al uribismo es que los paramilitares cuenten la verdad”.

Agrega que “esa carta (a la que no se le dio mucha difusión) sí tuvo una respuesta de varios grupos de víctimas que presentaron un documento diciendo que ellos recibían con esperanza la noticia, porque a ellos sí les interesa que se sepa la verdad”.

De igual manera, Édgar Munévar Arciniegas, Director de Derecho Procesal de la Universidad Javeriana, manifiesta que estas personas que hicieron de manera masiva la solicitud a la JEP, “pueden estar ciertamente buscando decir la verdad (por lo que han dicho en la carta) y quiero pensar que en realidad ese sea su propósito; si es así, bienvenida la narración de la verdad”.

Le puede interesar: Carta de la JEP sobre Santrich “ya está en Estados Unidos”: Minjusticia

En este mismo sentido, Kenneth Burbano, Director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, considera que “respecto a la intención, hay que sujetarse a lo que ellos expresan en su carta”.

El abogado Eduardo Muñoz Serpa indica que “cada cual vaya bajo la verdad de juramento, pero imagino que entre ese grupo hay personas que saben muchas cosas que el país no conoce en torno a la violencia”.

Puerta para escapar

Varias han sido las interpretaciones que se han hecho a raíz de la carta y es que la JEP se convierta en una puerta para que algunos delincuentes escapen de la justicia, sin embargo.

Al respecto, Édgar Munévar Arciniegas, cree que “tampoco podemos desligar la situación procesal, porque la mayoría de estos señores afrontan sentencias emitidas por la justicia o están en juicio ante los jueces ordinarios y busquen la justicia transicional, que es la JEP, donde, si son aceptados, podrían verse beneficiados significativamente en las penas. Así mismo, los que aun están en juicio, los juzgaría la JEP, y los que ya tienen sentencias podrían buscar un mecanismo que tiene la Justicia Especial, que es una sustitución o reemplazo de la pena. Entonces, si alguien tiene una pena de 17 años podría buscar ser admitido para tener una pena menor y una dinámica diferente a la prisión intramural”.

Asimismo, para el Director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre “la JEP no es una puerta de escape para delincuentes, sino una justicia transicional para quienes han cometido delitos por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Además, está la creencia equivocada de que acogerse a la JEP trae como consecuencia necesaria rebaja de penas o extinción de la acción penal por cualquier delito que de alguna manera tenga que ver con el conflicto armado”.

Sobre este mismo aspecto Muñoz Serpa cree que “es un intento de más de uno de meterle gato por liebre a la justicia, pero también es la oportunidad de contar la verdad; aunque otros estarán buscando pescar en río revuelto, es decir, serían oportunistas en esa propuesta, se tendrá que separar el trigo de la cizaña y saber qué escogen, pero aquí hay muchas cosas calladas sobre qué es lo que realmente ha pasado en los últimos 70 años en el país”.

Justicia desbordada

Ante la masiva solicitud de los presos y lo que eso representa para los magistrados de la JEP, el Director de Derecho Procesal de la Universidad Javeriana, explica que “es un punto complejo de realidad que afecta a toda la administración de justicia y es que está desbordada de manera habitual por la cantidad de demandas. Entonces, si estos 300 merecen ser escuchados en la JEP no hay una herramienta práctica, ni podría decírseles no, porque como cualquier ciudadano merecen ser escuchados por los jueces y éstos tendrán que valorar la situación; otra cosa es la sobrecarga de trabajo, pero no es un problema solo de la JEP, sino, por ejemplo en el caso de la salud, los juzgados están atiborrados de tutelas de la gente reclamando por diferentes procedimientos y medicamentos”.