jueves 10 de septiembre de 2020 - 9:15 AM

Menores, otro combustible en medio de la guerra

En las 45 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en lo que va corrido de 2020 se denuncia el alto riesgo que sufren los niños y adolescentes por el reclutamiento ilícito que perpetran todos los grupos armados organizados al margen de la ley.
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Allí se documenta el temor de las familias, los maestros y los mismos menores de edad que sortean las dificultades que lleva el conflicto a sus territorios.

Este es un fenómeno con más de 50 años de historia, que se ha ido adaptando a los contextos y circunstancias particulares de cada momento y de cada población.

Las Farc ante la JEP

El diario El Colombiano tuvo acceso a un documento que elaboró la Fiscalía General de la Nación para determinar cómo ocurrió el reclutamiento de menores de edad en la guerrilla de las Farc, para entender las conductas de macrocriminalidad utilizadas por Elda Neyis Mosquera, alias “Karina”, y Eli Mejía Mendoza, alias “Martín Sombra”, excomandantes guerrilleros que se sometieron a Justicia y Paz.

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En ese documento se analizan datos estadísticos del comportamiento de ese delito en la historia del país hasta 2004, y da cuenta de que las Autodefensas fueron los mayores reclutadores de menores de edad con al menos 1.787 casos documentados, seguido de las Farc con 587. En total son 2.652 registros.

En este punto hay que tener en cuenta que Justicia y Paz fue el mecanismo en el que se sometieron los paramilitares, por lo cual no es de extrañar que tengan más estadísticas documentadas acerca de sus conductas.

Para el Centro Nacional de Memoria Histórica los mayores reclutadores fueron las Farc con unos 9.114 casos, de los 16.789 registrados, lo que representa el 54 % del total, como consta en el informe “Una guerra sin edad”.

Diversas pruebas de la Fiscalía dan cuenta que desde 1984 en los reglamentos de las Farc se advertía a los comandantes que todos los reclutados debían tener entre 15 y 30 años, con al menos 2 años de pertenencia al territorio y que gozaran de buena salud.

“Dentro de las prácticas más comunes de las Farc se establecieron tres tipos: el engaño, la fuerza y la persuasión”, dice el documento.

El engaño se orquestaba con falsas promesas de empleo, de mejorar los ingresos con la posibilidad de salir del grupo en el momento que quisiera; en otros casos se utilizó la fuerza armada para obligarlos a enfilarse y la mayoría de las veces el reclutamiento se dio mediante la persuasión y el convencimiento de la justicia en la lucha guerrillera.

Sin embargo, en las últimas tres semanas los excomandantes guerrilleros han comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz para dar su versión sobre la vinculación de menores de edad. Sus declaraciones públicas han sorprendido porque desconocen todos los avances de las investigaciones que contra ellos se cursaron en la justicia ordinaria y que comprobaron cómo metieron a sus filas a menores de edad utilizando diferentes estrategias ilegales.

“La guerrilla se convirtió en los campos en una alternativa de vida para los jóvenes, en una salida”, dijo por ejemplo Sandra Ramírez, senadora de Farc. También negaron la práctica del aborto forzado tan documentado por la Corporación Rosa Blanca y los fusilamientos a los jóvenes que intentaban fugarse de los campamentos guerrilleros.

De acuerdo con la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), “jurídica y socialmente son reprochables todos los hechos que implican la comisión de crímenes como el reclutamiento, la utilización y otras conductas ilícitas que configuran graves violaciones de derechos humanos propiciadas o cometidas como consecuencia de la vinculación de niñas, niños y adolescentes al conflicto armado colombiano tales como la violencia y esclavitud sexual, la planificación y abortos forzados, la imposición de trabajos incompatibles con su edad, la limitación a su libertad para abandonar las filas y la imposición de castigos o penas crueles, inhumanas o degradantes que van desde la imposición de trabajos forzados hasta los fusilamientos que derivaron en desapariciones forzadas”.

Coalico insiste en que hay consenso nacional e internacional respecto de la penalización del reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes, independiente de que tales conductas sean producto de una decisión aparentemente “voluntaria” de la víctima menor de edad o de una acción forzada o manifiestamente violenta en su contra.

“Existe suficiente información para afirmar que el reclutamiento de menores en el marco del conflicto armado se produjo de ambas formas y, en consecuencia, se requiere definir la responsabilidad y sanciones correspondientes a los actores armados responsables de dichos hechos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Final”, dijo Coalico.

Hay que prevenirlo

Pero, con la salida de las Farc del escenario de la guerra, la vinculación de jóvenes a las filas de los grupos armados no ha menguado y la problemática está lejos de resolverse.

La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia especifica que “la transformación del conflicto ha cambiado las modalidades de violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes: entre los años 2000-2009 el reclutamiento forzado era predominante, hoy las nuevas formas de afectación a las comunidades y sus territorios han generado que se presenten menos hechos de reclutamiento forzado, mientras se ha incrementado considerablemente el uso y utilización de menores, particularmente en aquellas regiones en las que las economías ilícitas son predominantes”.

Para prevenir el reclutamiento, vinculación y uso de menores de edad la Defensoría del Pueblo enlistó una serie de acciones que puede implementar el Gobierno, la primera de ellas es la ampliación de la atención a la primera infancia hasta la adolescencia, lo que implica el aumento de la cobertura de educación inicial especialmente en zonas rurales y áreas dispersas, y en los cuales se promueven escenarios no convencionales para que la atención integral se adapte a las particularidades territoriales, sociales y laborales de las familias.

“En la línea de salud mental se contempla, en el marco de la Política de Salud Mental, prevenir y realizar acciones para enfrentar la depresión, el suicidio, el consumo de sustancias psicoactivas, y la soledad en la niñez”, propone la entidad.

Así mismo, con el fin de implementar una estrategia nacional contra las violencias y vulneraciones de derechos de los niños se concibe crear el Subsistema de Protección de Derechos que cuente con profesionales que puedan identificar y anticipar vulneraciones de derechos; aunado a esto, se fortalecerían y ampliarían los Equipos Móviles de Protección Integral (Empi) del Icbf. Al subsistema se integraría la estrategia de alertas tempranas de Prosperidad Social y otras instituciones, que, a partir de modelos de identificación anticipada de vulneraciones, permitan llevar a cabo abordajes estructurales y estratégicos sobre la situación de la niñez; se creará un sistema de información para hacer seguimiento a los casos y vincular datos de las familias.

Y “para prevenir la deserción escolar se plantea el fortalecimiento de la educación pública, aumento de la cobertura y calidad de la educación rural, reforma del Programa de Alimentación Escolar PAE, consolidación del Sistema de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar (Ley 1620 de 2013), y fortalecimiento de los entornos escolares”, indica la Defensoría.

Actualmente el Icbf realiza una estrategia en 104 municipios de 21 departamentos donde se registran factores de violencia generalizada, cultivos ilícitos, minería ilegal y corredores de narcotráfico y contrabando, con el objetivo de consolidar a las comunidades y las familias como entornos protectores que prevengan riesgos como el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados al margen de la ley.

Es importante recordar que en 2019 ingresaron al programa especializado de desvinculados 180 menores de edad, mientras que en 2018 la cifra alcanzó los 196 niños, niñas y adolescentes. Entre enero y mayo de este año iban 44.

“Los daños irreparables que produce la exposición de niños, niñas y adolescentes a la guerra incluyen trastornos emocionales como depresión, ansiedad, trastornos de sueño y miedo generalizado. Privar a los niños de los espacios vitales de la niñez produce alteraciones en su desarrollo integral y se generan afectaciones en la construcción de vínculos de cuidado mutuo, lo que termina propiciando daños que son transmitidos de generación en generación”, expresó Lina Arbeláez, directora del Icbf.

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