Estamos fallando como sociedad. Con esa sentencia comenzó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez su intervención en la que anunció un paquete de medidas con las que el Gobierno Nacional espera prevenir y combatir de mejor manera el aumento de la violencia contra las mujeres.
El confinamiento en medio de la emergencia sanitaria exacerbó una problemática con la que convive el país desde décadas. Según informó la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, entre el 25 de marzo y el 18 de junio, hubo un aumento del 155 % en los reportes de violencia intrafamiliar en la línea 155, con relación al mismo periodo en 2019.
Además de un incremento del 29% en llamados al 123 sobre casos de violencia contra las mujeres.
A esto se suman crímenes que consternaron la opinión pública en un lapso de apenas 10 días, como el feminicidio de la estudiante de Eafit Daniela Quiñones y la violación a una niña de la comunidad embera en Risaralda, por parte de siete soldados.
Por ello, y aceptando que la problemática está desbordando la institucionalidad, la vicepresidenta Ramírez comunicó una serie de acciones, varias de ellas de carácter inmediato, orientadas no solo a atender casos de niñas y mujeres en situación de riesgo sino en materia de prevención.
Sala de control
La primera medida consiste en que la Policía y la Consejería para la Equidad de la Mujer estarán a cargo de una sala de crisis que deberá identificar de manera inmediata los casos de alto riesgo conocidos a través de las líneas 123 y 155, y los diversos canales de denuncia.
“Incluso en el caso en que las mujeres no logren comunicarse, pero se reiteren llamadas de los mismos números, ahí debemos saber que algo pasa”, dijo Ramírez.
También deberán recibir atención especial los casos conocidos a través de medios de comunicación. Esta sala entrará en funcionamiento, según informó la vicepresidenta, de manera inmediata.
Como segunda medida, Ramírez anunció que el Consejo de Seguridad Nacional monitoreará permanentemente los casos de violencia de género para prevenir y castigar feminicidios, violencia intrafamiliar y sexual contra mujeres y niñas.
La tercera es que se unificarán las líneas que atienden casos de violencia para canalizarse a través del 123 y allí se oriente de forma directa a la entidad competente en cada caso.
Además, como cuarta medida, se pretende que la información alojada en el Observatorio Colombiano de las Mujeres de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, relacionada con reportes, víctimas y agresores, sirva para brindar mejor acompañamiento a las mujeres, así como identificación y judicialización de agresores.
Como quinta acción se decidió que mediante un decreto se formalizará un mecanismo que articule planes y proyectos de todas las entidades públicas, así como comités departamentales y municipales, con el fin de que tengan políticas y herramientas precisas que les permitan atender y prevenir todo tipo de violencias.
La sexta medida es que el 20 de julio, cuando arranque el nuevo periodo legislativo, Minjusticia radicará un proyecto de ley para reestructurar las comisarías de familia, claves en la ruta de atención para las mujeres, pero de tardía gestión.
“Se busca depurar sus funciones y fortalecer recursos de funcionamiento y de equipo interdisciplinario; centrándolas en la atención de violencia intrafamiliar y en evitar feminicidios”, explicó la viceministra Juanita López.
La idea es que existan comisarías móviles que lleguen a la puerta de los hogares, sobre todo en zona rural.
La séptima decisión es que el Gobierno adelantará una campaña nacional contra el machismo como herramienta para la prevención de violencias. Así mismo, se implementarán protocolos para la prevención y atención del acoso sexual en las universidades de la mano del Ministerio de Educación.
Finalmente, como octava decisión, se buscará que, junto con organizaciones internacionales, se sigan fomentando programas de estabilización económica para facilitar la autonomía de las mujeres en los territorios.
Conclusiones
La directora de la Fundación Feminicidios, Colombia, Yamile Roncancio Alfonso, estima que el Gobierno parte del error de emprender acciones sin implementar de manera efectiva el Sistema Nacional Estadístico para violencias basadas en género, que fue ordenado desde la ley Rosa Elvira Cely (2015).
Sin unidades especializadas en la Fiscalía, sin capacitación de la Policía en derechos humanos y temas relacionados con violencias basadas en género, cree Yamile que es imposible proteger los derechos de las mujeres en situación de riesgo.
Entre las medidas que no admiten dilación es la de los “casos de mujeres en altísimo riesgo que requieren una extracción segura de sus hogares, sin darle espera a que se haga un trámite en una comisaría de familia”.
Y es que según señaló en un informe Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en Colombia, el 77 % de los casos de violencia contra ellas, reportadas desde marzo, ocurrió en el propio hogar.
