jueves 20 de junio de 2019 - 12:00 AM

¿Testimonios públicos o reservados?

Tras la filtración de testimonios entregados a la JEP, unos analistas consideran que estas declaraciones deberían ser públicas, mientras otros opinan que se debe preservar la privacidad en beneficio del proceso de paz.
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El testimonio del mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, quien se desempeñó como Director del Gaula del Ejército en el Casanare, entregado en diciembre pasado, se filtró a los medios de comunicación.

Allí el exdirector del Gaula hace revelaciones a los magistrados de la JEP sobre la cronología de ejecuciones extrajudiciales que conoció y aprobó para mostrar resultados al alto mando militar y además hace señalamientos en contra del general Mario Montoya Uribe, que para la época era el Comandante del Ejército Nacional.

Según se conoció, el del exdirector del Gaula es uno de los tantos que han salido a la luz pública en medio de las audiencias que adelanta la JEP por los casos de ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales.

Recientemente la presidenta de la JEP, Patricia Linares, se refirió a las filtraciones de testimonios en que se habla sobre los casos de falsos positivos, que ha recibido la Sala de Reconocimiento de forma reservada: “nos preocupan un poco esas filtraciones, porque pueden, sin lugar a dudas, afectar la seguridad de los mismos procesos, de las víctimas, de los comparecientes y de los propios funcionarios de la Jurisdicción”.

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Asegura la presidenta que la JEP está analizando la situación de estas filtraciones, porque tienen implicaciones penales ya que ponen en riesgo a los más de 1.750 comparecientes y a las más de 2.248 víctimas que tiene el caso 003, catalogado como Falsos Positivos.

Además, se conoció que la JEP entrega copia de los videos a las organizaciones que representan a las víctimas, a los defensores de los comparecientes y a la Procuraduría General de la Nación.

A raíz de las filtraciones Vanguardia consultó con expertos si las audiencias deben seguir siendo ¿privadas o públicas?

Ricardo Abello, Docente de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, señala que hay unos procedimientos que se deben respetar porque es fundamental que se mantenga la reserva mientras se adelanta la investigación, y ese es el gran problema cuando se filtra la información o cuando se hace público, porque lo que se puede estar afectando es la investigación profunda para que se pueda conocer realmente la verdad de todos los hechos y de todos los que participaron y estuvieron involucrados, por tanto, en eso la reserva del sumario se tiene que mantener en forma contundente.

Agrega el docente que “el hecho de que estén filtrándose no está bien, pero la solución no es hacerlos públicos sino respetar los procedimientos y la reserva de los testimonios mientras se sigue la investigación”.

Explica que “se supone que tiene que estar garantizada la reserva y se debe investigar quién lo filtró y sancionar a quien lo hizo”.

De este mismo parecer es Hugo Guerrero, Docente Investigador de la Universidad de La Salle, quien manifiesta que “no se deben hacer públicas las audiencias porque el proceso ya está establecido y existen unos protocolos; lo que debe preocupar es identificar cuáles son las fallas del sistema”.

De acuerdo con el investigador de La Salle, no se puede solucionar un problema ampliando una situación que, ya de por sí, es problemática. Lo que tiene que primar claramente es la seguridad de las víctimas, de los comparecientes y de los mismos funcionarios de la JEP.

Guerrero considera que “hay que identificar qué es lo que está pasando y aplicar sanciones a los que están involucrados. Además, no se puede colocar el proceso judicial en manos de una opinión pública que no está preparada para entender lo que pasa de manera técnica y sustancial en un proceso de esta característica”.

Más transparencia

De manera contraria opina el Analista Político, Julio Acelas, al considerar que “estamos en una sociedad en donde todo el mundo tiene acceso en tiempo real a cualquier tipo de información de cualquier parte del mundo, entonces creo que gana más la verdad, la justicia y la reparación y gana la transparencia de la justicia si los testimonios son públicos”.

De igual manera, Acelas argumenta que “eso ayuda a blindar el testimonio y en el tema de la JEP más que es una justicia restaurativa y el tema de la verdad se impone como una pena que restaura a la vez, y con la verdad muchas víctimas quedan tranquilas”.

En esta misma línea, Juan Manuel Charria Segura, Abogado Constitucionalista señala “en principio nunca he estado de acuerdo con la JEP y, además, creo que en el país ya se ha dado la costumbre de que se filtren no solo los testimonios sino las decisiones judiciales de las diferentes Cortes y Tribunales; entonces, si los testimonios se filtran (esa es la realidad) en últimas sería mejor que lo hagan público”.

“La JEP ha hecho audiencias con las Farc y son privadas y con la víctimas son publicas, entonces ese doble racero no lo veo conveniente”, expresa Charria Segura.

Testimonios filtrados
“El general Montoya era una persona muy arbitraria. Siempre lo he dicho con las personas privadas de la libertad, eso (Montoya) fue lo peor que le pasó al Ejército, porque era un militar que no pensaba, él siempre daba las órdenes arbitrariamente, sin pensar”. Este es una parte del relato del exdirector del Gaula del Ejército en Casanare, mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, entregado a la JEP.
Ante los magistrados de la JEP, el Coronel Gabriel Rincón aseguró que el general Mario Montoya se inventó un ‘top 10’ de las unidades con más bajas. Las demás “no servían para un carajo”. Es otro de los testimonios filtrados a los medios de comunicación.
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