martes 14 de mayo de 2019 - 1:55 PM

Víctimas, una y otra vez

Expertos consideran que el sistema es el principal violador de derechos humanos en las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia de género en el país.

En 19 años de dolor, soledad, revictimización y una lucha sin tregua, he escuchado muchas veces que “me lo busqué”, “lo inventé”, o “me gustó”. La violación es el peor crimen que se pueda cometer contra un ser humano y no nos lo buscamos”.

Estas fueron las palabras con las que Jineth Bedoya, quien fue víctima de abuso sexual en el año 2000, se refirió a la sentencia contra sus violadores.

Así mismo aseguró que “el testimonio de una mujer que ha sufrido violencia sexual tiene que ser escuchado, respetado y no revictimizado”.

Tatiana Cordero, psicóloga de la Fundación Mujer y Futuro considera que “es difícil evitar la revictimización, teniendo en cuenta que se genera investigación alrededor del suceso el cual incluye a varios sectores de la institucionalidad donde la víctima debe acudir”, pero existen unas pautas para proporcionar apoyo a la víctima con una atención integral con el fin de disminuir el dolor.

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En este mismo sentido, Karen Estefanni Pérez, integrante de la línea de Género y Derecho de la Clínica Jurídica de Género de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, dice que uno de los problemas que se tiene en la actualidad está relacionado con el fracaso que han tenido algunas instituciones jurídicas a la hora de atender a las personas que son víctimas y que acuden precisamente buscando justicia y resultan siendo vulneradas en su dignidad, afectada por parte del propio aparato jurídico, porque no le brinda una asistencia adecuada sino que tienen en algunas ocasiones tratos hostiles por parte de los mismos funcionarios.

La integrante de la línea de Género y Derecho de la Clínica Jurídica de Género de la Unab, precisa “no siempre es una asistencia integral porque los funcionarios no están capacitados para atender a las víctimas de la mejor manera posible con comprensión por lo ocurrido, sino que en muchos casos se evidencia que dudan del relato de los hechos y pues entonces las víctimas terminan padeciendo daños mayores incluso al delito inicial”.

Durante sus declaraciones Bedoya recordó que “en la cantidad de veces que me revictimizaron (12) en medio de las audiencias a las que la propia Fiscalía me obligó a ir a declarar, tuve que escuchar de mis victimarios que yo era una mentirosa, que me estaba inventando lo de la violación”

De acuerdo con el anterior testimonio, Pérez manifiesta que en Colombia muchas de las víctimas en casos de abuso sexual prefieren no denunciar porque saben que se tienen que enfrentar cara a cara con el agresor”.

Existen protocolos

Diego Hernández, docente de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, recuerda que la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad que tiene la competencia para llevar a cabo las investigaciones en materia penal, cuenta con un protocolo de atención a víctimas que busca precisamente evitar el proceso que se llama revictimización, pero lo que parece es que “no está suficientemente socializado”.

De acuerdo con Hernández, “este protocolo lo que plantea es que el proceso de recepción de la noticia criminal debe ser bien estructurado para que con esa única vez que se hace la entrevista sea suficiente para establecer un proceso de metodología para la investigación criminal, evitando que la víctima tenga que estar expuesta a una y otra autoridad que le plantea interrogantes frente al hecho que es lesivo en la medida que se está permanentemente recordando”.

De igual manera, Hernández considera que “todo el derecho penal gira en torno a la protección al debido proceso del victimario y lo que recientemente el derecho contemporáneo ha establecido es que esos procesos deben tener una carga a la inversa y el debido proceso es entonces no revictimizar”.

Y, señala el docente de la UIS: “el asunto que también es importante analizar es que tenemos un sistema de justicia precario para atender todos los procesos o noticias criminales, y eso hace que se haga traslado de expedientes de despacho o que los fiscales tengan muchos casos haciendo que se excluya a la víctima y permanentemente la exponga a entrevistas en diversos ámbitos como el médico legal, el judicial, el de investigación, el de la Policía y no hay una coordinación en todos esos escenarios para la protección de la víctima, entonces cada uno trata de ejercer sus competencias en la medida de las posibilidades incluso en el marco de la buena fe”.

Representante de víctimas

Karen E. Pérez, integrante de la línea de Género y Derecho de la Clínica Jurídica de Género de la Unab, recuerda que “lo fundamental es exista una buena comunicación de la víctima con la Fiscalía. Además, es importante que las víctimas y sus familias sepan que el derecho penal permite una figura que se conoce como el representante de víctimas, que busca el restablecimiento de los derechos de la víctima y su reparación integral. Así mismo, el acompañamiento legal a la víctima y una, si es posible, buena comunicación con la fiscalía”.

Cómo proteger a las víctimas

De acuerdo con Tatiana Cordero, Psicóloga de la Fundación Mujer y Futuro, para proteger a las personas de la revictimización desde la institucionalidad se puede:

1. Trabajar bajo el principio de buena fe (Creer sin dudar en la historia de la víctima).

2. Trabajar bajo el principio de confidencialidad y secreto profesional.

3. Evitar los juicios de valor.

4. No minimizar el dolor y los acontecimientos.

5. No justificar actos de violencia.

6. Hacer garantía de los derechos de las víctimas.

7. Tener claridad de las rutas de atención con el fin de direccionar y remitir correctamente a la víctima.

8. Proporcionar atención integral.

9. Hacer acompañamiento psicológico.

10. Proporcionar un representante de víctimas el cual puede realizar acciones sin exponer a la víctima.

El fallo

La semana pasado la justicia emitió la segunda decisión condenatoria en contra de los responsables del secuestro, tortura y violación a la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo de 2000. Tras la condena a 28 años de prisión impuesta en 2016 en contra de Mario Jaimes Mejía, alias ‘el Panadero’, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 40 y 30 años a dos paramilitares más. Se trata de Jesús Emiro Pereira Rivera, alias ‘Huevoepisca’, y Alejandro Cárdenas Orozco, alias ‘J.J’.

De igual manera, en la misma decisión el despacho pidió a la Fiscalía vincular en la investigación al director de la Dijín de la Policía Nacional de la época, general retirado Leonardo Gallego, por su supuesta participación en el crimen.

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