lunes 28 de junio de 2021 - 1:00 PM

Peaje de la Mesa de Los Santos, ¿el ‘dolor de cabeza’ acabaría en 2025?

La Mesa de Los Santos se ha convertido en la zona preferida de descanso y recreación de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Se estima que cerca de 4 mil carros pasan por el peaje cada semana. Sin embargo, ante la mirada de propios y visitantes, la malla vial no está en óptimas condiciones y el cobro del peaje para muchos es elevado. ¿Qué pasará en 2025 cuando finalice la concesión?
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Durante el puente festivo del pasado 17 de mayo, quienes subieron a la Mesa de Los Santos se llevaron una sorpresa. Debido a una protesta de la comunidad del sector, en medio del Paro Nacional, Construvias de Colombia, Construvicol, firma encargada de la operación de la caseta de cobro vehicular, anunció que no recaudaría dinero en el peaje de La Punta durante ese fin de semana.

La decisión se anunció en medio de una mesa de negociaciones que la comunidad tiene con la Gobernación de Santander, entidad concedente del contrato, y la concesionaria. En dicha mesa, habitantes y empresarios de esta zona de Santander piden a la Administración Departamental liquidar el contrato por incumplimiento o exigir a Construvicol que cumpla con lo pactado, pavimentar vías, mantenerlas en buen estado y reducir el valor del peaje.

Pese a que estas peticiones no son recientes, pues desde hace cerca de 16 años están vigentes, el peaje La Punta no siempre fue el más polémico de la región.

En 1985, cuando todo el sector de Los Santos era netamente agrícola -avícola para ser más específicos- empresarios santandereanos propusieron la creación y administración del primer peaje urbano de Colombia.

Con este recaudo, se adecuó la segunda entrada a la Mesa de Los Santos desde Tres Esquinas y se mejoró la malla vial de las vías secundarias y terciarias de la zona.

Lo peor que pueden hacer, después de los 20 años, es continuar esa concesión cómo está
Mario Torres, veedor de la CCB

“La comunidad, por medio de Fundemesa, administró el peaje durante casi 20 años. Fue la comunidad la que lo creó y lo operó con un criterio de servicio y no como negocio. Pero cuando se completaron esos 20 años, el entonces gobernador Hugo Aguilar, se lo entregó a Construvicol sin licitación”, explicó Leonidas Gómez, diputado de Santander y empresario fundador del complejo turístico y del mercado campesino de Acuarela en la Mesa de Los Santos.

Según Gómez, en el contrato inicial entre la Gobernación de Santander y Construvicol, el contratista se compromete a pavimentar todos los años un kilómetro de vías terciarias y a darles mantenimiento. No obstante, “durante los 20 años que lleva la concesión no ha cumplido ni con un solo kilómetro a pesar de que ya ha recogido mucho más dinero del proyectado en el contrato”.

‘Ya no es dolor de cabeza, es migraña’

Marina Arévalo, habitante de la vereda Blanquiscal desde hace más de 50 años, recuerda que los problemas que tiene la comunidad con los actuales administradores del peaje no son nuevos.

“Se les pide una mejor tarifa porque sabemos que recaudan más de lo pactado. A la Mesa sube muchísima gente y la concesión no reporta ni invierte esas ganancias. Claro, ese es el negocio de ellos, pero se comprometieron a mejorar la vía y ya van 16 años y no hay mejora. Esto ya no es un dolor de cabeza, es una migraña que no deja descansar”, dijo Arévalo.

La mujer y algunos miembros de su familia hace cuatro años trabajaban para una avícola de la zona pero cuentan que la economía en Los Santos está ahora más enfocada en el turismo. Marina es la cuidadora de tres cabañas de la Mesa de Los Santos y su hijo mayor, Jairo, es mesero en un restaurante campestre.

“Todo este sector se volvió muy apetecido por la gente de Bucaramanga. Incluso llegan personas de todo Santander y Colombia. Hemos visto bastante extranjero. Ya las vías para llegar a las fincas no son meramente usadas por sus trabajadores. Y con ese cambio viene la necesidad de pedir ajustes al valor de ese peaje. Nadie quiere pagar $14 mil después de una hora de viaje”, comentó la santera.

Lo mismo opina Gómez, quien explicó que parte del malestar que tiene la comunidad, y ahora también los turistas, con los administradores del peaje, son dos: la falta de intervención en las vías y el valor del peaje.

“No ha pavimentado como se comprometió a hacerlo. Tampoco le ha dado mantenimiento a la carretera y hoy en día hay muchos huecos y varios tramos en donde no hay cunetas y alcantarillas. Entonces la indignación de los residentes es por eso por el incumplimiento”, dijo el diputado.

Además, desde la veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, CCB, se ha indicado que el costo del peaje es muy elevado.

Mario Torres Macías, ingeniero Civil, docente, miembro del Consejo Superior de la UIS y veedor de la CCB para diferentes contratos de infraestructura, explicó a Vanguardia que son aproximadamente 90 kilómetros los concesionados, por lo que $14 mil es un valor costoso.

“Realmente los kilómetros de vía pavimentada que cobra el peaje son 43 en dos sentidos. Entonces son 90 kilómetros de vía pavimentada que en realidad es muy poco para los 14 mil, comparado con peajes del resto del país, que tienen concesionado calzadas más anchas con más kilómetros”, dijo Torres Macías.

Gómez expone que otro gran problema del peaje es el malestar entre los turistas por el precio y la logística de cobro.

“El concesionario está haciendo descuento del 70% a los residentes, pero no a los turistas. Y a muchos turistas se les hace muy costoso un peaje de $14.000 y hay algunos que desisten de venir a la Mesa de Los Santos por no pagar ese peaje”, comentó.

Sobre este punto, Vanguardia consultó a tres ingenieros civiles y expertos en infraestructura vial y los tres le confesaron a esta redacción, como anécdota, que han dejado de subir a la Mesa de Los Santos porque además del valor del peaje, se hacen insoportables las filas para cancelarlo.

“Es difícil ofrecer excelentes servicios para descanso, salir de la rutina, relajarse, pasar un tiempo agradable sin las desventajas de la ciudad y que 30 minutos después mis clientes estén en un trancón de dos horas para pagar $14 mil. Es algo que no tiene lógica”, dijo a Vanguardia Pedro Arenas Díaz, propietario de una finca recreacional en esta zona.

En esto también coincide Gómez, pues para el diputado la rebaja para los que demuestran que viven en la Mesa de Los Santos y en el municipio de Los Santos “es un paliativo que no es suficiente para contrarrestar la inconformidad que existe, porque solamente se resolverá el día que el concesionario le dé el mantenimiento a la carretera y rebaje el peaje por lo menos a la mitad para todo el mundo”.

El principal problema, para el veedor de la CCB, es que la Gobernación ha consentido los incumplimientos del concesionario, por lo que considera peligroso el hecho de renovar esa concesión por otros 20 años.

“Lo que hemos dicho desde hace cuatro años es que el contrato ha sido mal administrado desde la Gobernación y desde la interventoría. Se convirtió en un contrato de obra pública. En temas de contratación de obra pública es demasiado absurdo. Se ha denunciado ante la Procuraduría pero no ha pasado nada. El peligro ahora es que se prorrogue la concesión y por eso la comunidad está molesta”, indicó Torres Macías.

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Sin embargo, para Jaime René Rodríguez, secretario de Infraestructura de Santander, el problema de la comunidad con Construvicol tiene que ver con mala comunicación.

“Pienso que además de que no es de ocultar que hay algunas fallas del servicio de la concesión, también ha sido la falta de comunicación entre el Gobierno y la comunidad. Creo que hace falta que la comunidad se entere de lo que estamos haciendo, que revise de fondo el cómo es la estructuración del contrato y que ellos mismos puedan evidenciar lo que se está haciendo. Se está tratando de invertir los recursos de la mejor forma, de acuerdo con el recaudo del año anterior. En estos momentos estamos en reuniones permanentes con la comunidad”, dijo Rodríguez.

Las cuentas

El diputado Mauricio Mejía Abello, en un debate realizado al peaje de La Punta en la Asamblea de Santander, argumentó que cuando se le quitó el peaje a Fundemesa, en 2004, ya se recaudaba más de $2 mil millones. Por lo tanto, explicó Mejía, es necesario revisar los compromisos del comodato que se encuentra vigente con el fin de evaluar qué se ha cumplido y qué falta por realizar.

En el debate, se solicitó una vez más que se termine la concesión de operación del peaje de la Mesa de Los Santos, que a tres años para cumplirse la fecha de la concesión ya superó en 25% el recaudo proyectado para los 20 años.

“Al contrato 368 de 2004 por $57 mil millones, se le han hecho tres modificaciones y hace mucho rato se perdió la naturaleza de la concesión, porque se cayó en un contrato posesivo. Hoy, la proyección de recaudo es de $8 mil millones por los más de 500 mil vehículos que anualmente pasan por allí”, indicó Mejía Abello.

El diputado señaló que la concesión del peaje de la Mesa de Los Santos inicialmente contemplaba recaudar un total de $60 mil millones, hoy, 16 años después, Construvicol ya ha recaudado más de $80 mil millones.

“Si llegamos a los 20 años va a recaudar $120 mil millones. No puede ser justo para los santandereanos que por el doble de la plata, nos vayan a entregar los mismos compromisos. O nos dicen que va a pasar con la plata adicional o se liquida el contrato”, indicó Mauricio Mejía.

El exsecretario de Infraestructura señaló que la concesionaria del peaje de la Mesa de Los Santos ha venido incumpliendo reiteradamente con el objeto contractual para el cual fue adjudicado por el gobierno de Hugo Aguilar, padre del actual gobernador, Mauricio Aguilar.

“La concesión nunca ha cumplido con los compromisos. El peaje tiene completamente desvirtuada su naturaleza. Hoy ese no es un contrato de concesión sino de obra pública. El señor lo único que ejecuta son las platas que quedan anualmente el recaudo y ese recaudo, en los cobros administrativos y en las estampillas, más la carga que tiene en las vías terciarias, hace que para la vía principal no queden sino aproximadamente un 20% para invertir, de la totalidad de lo que se recauda. Él no está financiando nada, no está cumpliendo con ningún compromiso”, agregó Mejía Abello.

¿Qué pasará el 5 de enero de 2025?

Para Gómez, en 2025 cuando se acabe la concesión, la Gobernación debe entregar el peaje a otra organización creada por la comunidad.

“Hay tres posiciones frente a la terminación del contrato. Una que es la de renovar al mismo concesionario. Otra que es dejarle el manejo del peaje a Fundesan (Fundación para el desarrollo de Santander), que es fuertemente cuestionada por corrupción y además impunidad. Y la tercera, que es mi posición, que sea administrado por la misma comunidad, con una visión de servicio y no de negocio”, indicó el diputado.

Lo que sí es claro, para Gómez, es que sea cual sea la administración debe tener veedurías serias como la de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, todo en pro de los ciudadanos.

“Se puede realizar el mantenimiento que requiere la vía, la pavimentación de los ramales de las vías terciarias y el mantenimiento completo de ellos cobrando la mitad del peaje. De eso estoy seguro”, enfatizó Gómez.

Para la veeduría de la Cámara de Comercio, lo correcto sería que hicieran un ‘enderezamiento’ de la concesión “para que se cumpla con todos los requisitos que exige la Ley para otorgar la concesión. O que sea la misma comunidad la que lo maneje, como lo venía haciendo años atrás”, afirmó Mario Torres.

Al respecto, expertos consultados por Vanguardia aseguraron que lo más probable es que la vía siga siendo concesionada por su gran importancia para el departamento y que además de cumplir con las exigencias de la comunidad, es importante gestionar la ampliación a dos calzadas de la entrada a la Mesa de los Santos.

“Lo más lógico en este tema es que debido a la gran congestión que existe en la vía se amplíe a doble calzada los dos tramos (Tres Esquinas y Curos) y parte desde dónde se encuentran las dos vías. O determinar que una entrada sea exclusivamente para subir y la otra solo para bajar, y así determinar un circuito vial que tenga doble calzada y no salga tan costosa su ejecución”.

¿Para qué los peajes?

En medio del Paro Nacional se presentaron tomas, quemas y daños totales a varias casetas de peajes en el territorio nacional. Dichos eventos dejan ver el descontento de la comunidad con estas operaciones que recaudan dinero pero en muchas ocasiones no invierten en mejorar las vías.

Para aclarar un poco las labores, responsabilidades y cómo funcionan estos peajes, Vanguardia consultó con Miller Humberto Salas, ingeniero Civil, doctor en Gestión del Territorio e Infraestructuras del Transporte y docente de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

Salas explicó que los peajes son un derecho de explotación que le da una entidad pública a un particular para construir o mantener una vía. “Generalmente lo que se da en concesión son vías primarias pero también se dan concesiones de vías férreas o por ejemplo el acceso al aeropuerto. El Estado, sea el Invías o en este caso la Gobernación de Santander, como no tiene dinero para construir la infraestructura o mantenerla porque hay otras necesidades, llama al privado y le dice que haga la vía, se encargue de mejorarla, mantenerla y demás y el recaudo es lo que se conoce como el derecho de explotación, que se pacta en 10, 15 o 20 años”.

Es decir, con el recaudo del peaje el Estado le paga al privado por el cumplimiento de las cláusulas de la concesión.

Como es un acuerdo entre dos partes, éstas fijan la tarifa de cobro y a cuántos años se va a explotar la infraestructura. “La tarifa se calcula después de estudiar cuántos vehículos transitan al día por esta vía y se proyecta cómo se recupera la inversión con la cantidad de tráfico que circula”, indicó el experto.

Sin embargo, como en todo contrato, también hay cláusulas de incumplimiento, otorgamiento de tarifas preferenciales y demás. “Se tiene en cuenta también algunos riesgos, por ejemplo que el concesionario proyectó 1.000 vehículos al día y sólo estaban transitando 100. Ahí se sientan a revisar las dos partes nuevamente esas condiciones” dijo Salas.

El Estado también puede exigir algunos compromisos, como que se reduzca la accidentalidad, que haya buena velocidad operación de los vehículos o que cada cierto kilómetro haya disponibilidad de grúa o teléfonos para que la persona se sienta más segura andando por esas vías concesionadas.

“Los líos llegan cuando alguna de las partes incumple. Entonces un tema de ingeniería pasa a ser tratado por abogados. Pero desde que ambas partes tengan claro sus responsabilidades, este tipo de concesiones son eficientes”, explicó.

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Daniela Puentes Rueda

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Miembro del equipo digital de Vanguardia desde 2014 y de la Unidad Investigativa desde 2018.

Desde estos espacios ha participado en trabajos premiados en Santander y Colombia.

Desde 2019 hace parte de la red nacional de chequeadores con NoSeaPingo, de Vanguardia.

@bridgesdani

dpuentes@vanguardia.com

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