Se reversa el alza de las tarifas de peajes, estas son ahora las nuevas advertencias y consecuencias

Mediante el Decreto 050 de enero de este año, el Gobierno Petro congeló las tarifas de los peajes en Colombia, con la finalidad de no indexar la inflación de este pago en las vías concesionadas.

La alegría para las empresas del sector de la infraestructura vial llegó hace dos semanas cuando se conoció el borrador del decreto para descongelar las tarifas de peajes de manera gradual.

Esta fue una forma de subsanar tal congelamiento, que desde comienzos de noviembre, el Gobierno Petro habló de dos alzas para hacer pública la decisión de protocolizar, por estos días, el incremento de los peajes en Colombia: una en diciembre, con base en la inflación del 2022, y una en enero, teniendo en cuenta la inflación del 2023.

Pero, de manera sorpresiva, se conoció que la decisión oficial fue reversada. Ante esto, la Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que este hecho equivale a una señal contradictoria, “justo en el momento en que el decaimiento de la economía reclama señales positivas al mercado, y la aceleración de las obras de infraestructura”.

El gremio reiteró que la ausencia de seguridad jurídica menoscaba la confianza de inversionistas y financiadores en proyectos de envergadura y de largo plazo.

“La lógica oficial usada en esta dirección conduce al escenario de que los bienes y servicios, el salario de los trabajadores e incluso los fletes del transporte no se compensen con la inflación, cuando así corresponda”, dijo la CCI.

Asimismo, hizo énfasis en que, de acuerdo con Fedesarrollo, los peajes no generan presión inflacionaria superior al 0,01 puntos porcentuales.

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¿Qué va a pasar con los cobros pendientes?

Como se dijo al principio de este informe, en un intento por mitigar el impacto de la inflación en los hogares colombianos, el Gobierno Petro emitió el Decreto 050 el 15 de enero de 2023, congelando las tarifas de peaje para los vehículos que transitan por las estaciones de peaje del Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura.

Aunque esta medida tenía como objetivo aliviar la carga económica de los ciudadanos, ha desencadenado una serie de dilemas jurídicos y financieros de gran importancia para el Estado, los ciudadanos y el sector empresarial.

Una investigación realizada por el centro de estudios económicos Fedesarrollo, para la Cámara Colombiana de Infraestructura, advirtió que el Decreto 050 podría generarle al Gobierno una contingencia fiscal de $13,8 billones al año 2040, debido al eventual déficit a favor de las concesiones viales.

En este orden de ideas, Miguel Castro, socio de Rincón Castro Abogados, explicó que dicho decreto impidió que los concesionarios actualizaran las tarifas de peaje, según lo estipulado en sus contratos, lo que llevó a un estado financiero precario para muchas concesiones.

“Según la ley colombiana, los recursos recaudados por peajes deben usarse para pagar las inversiones de los concesionarios, y cualquier variación en las reglas establecidas en los contratos genera responsabilidad para las entidades y los funcionarios involucrados”.

En ese sentido, para los contratos de Asociación Público Privada (APP), en donde los concesionarios solo reciben pagos una vez se concluyen las obras, esta situación es aún más crítica.

Hay que resaltar que el Gobierno circuló en las últimas semanas una versión de decreto, junto con un proyecto de resolución, mediante la cual buscaban reactivar las actualizaciones de las tarifas. Sin embargo, dicho aumento fue detenido por orden del presidente Gustavo Petro, quien solicitó a las entidades correspondientes solo ajustar la tarifa hasta enero de 2024. Esto con el fin de no realizar un doble incremento que afectará al sector de carga y a las familia

Castro detalló que los modelos financieros fueron proyectados según las tarifas de peaje establecidas, y el congelamiento de estas tarifas ha afectado seriamente la operación de estas concesiones, algunas de las cuales han tenido que asumir sobrecostos para cumplir con sus obligaciones.

Esto, sin olvidar la afectación de los ingresos proyectados en dichos contratos.

Los detalles del borrador

Hay que resaltar que el Gobierno ha circulado en las últimas semanas una versión de decreto, junto con un proyecto de resolución, mediante la cual buscan reactivar las actualizaciones de las tarifas.

Sin embargo, dicho documento no establece cuándo se pagarán las compensaciones debidas, ni tampoco si los aumentos de las tarifas iniciarán este año para evitar que se acumulen con la que debe efectuarse en enero de 2024.

“La falta de claridad sobre cómo se reactivarán los aumentos y la posibilidad de que se realicen dos aumentos consecutivos, uno aplazado por el decreto y otro programado para el 16 de enero de 2024, podría generar un malestar social significativo y causar un efecto contrario al inicialmente deseado en el bolsillo de los colombianos”, reiteró Castro.

Para los expertos, esta situación representa un desafío complejo para el Gobierno colombiano, ya que debe encontrar un equilibrio entre aliviar la carga económica de los ciudadanos y garantizar la viabilidad de los proyectos de infraestructura, así como evitar una contingencia fiscal que afecte las finanzas del país a largo plazo.

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