En el marco del proceso denominado Empalme ante el pueblo, el Gobierno Nacional presentó los principales legados que deja la administración del presidente Gustavo Petro en materia de educación pública. Entre ellos destacan la ampliación del acceso a la educación inicial y superior, el fortalecimiento de la infraestructura educativa y la consolidación de la política de gratuidad universitaria.
Publicado por: Nuevos Proyectos
Como parte del ejercicio Empalme ante el pueblo, el Gobierno Nacional expuso los principales legados que deja la administración del presidente Gustavo Petro para la educación pública. Según el Ministerio de Educación, las acciones desarrolladas durante estos cuatro años buscaron ampliar el acceso, fortalecer la permanencia de los estudiantes y llevar mayores oportunidades de formación a territorios históricamente excluidos.
De acuerdo con el Ministerio de Educación, uno de los avances más destacados se registró en la educación inicial. En 2022, solo 600 sedes educativas oficiales ofrecían los grados de prejardín y jardín; actualmente, más de 6.400 sedes incorporaron estos niveles, una expansión que llegó a 771 municipios, incluidos 300 priorizados por sus mayores brechas de acceso. La ampliación benefició a cerca de 50.000 niños y niñas en esos municipios.
El documento también indica que la cobertura de educación inicial en el marco de la atención integral pasó de 403.862 menores en 2022 a más de 529.000 al cierre del gobierno, lo que representa más de 125.000 niños adicionales atendidos. Esta estrategia incluyó docentes cualificados, ambientes pedagógicos, alimentación escolar y acciones para fortalecer la participación de las familias.
En articulación con el ICBF, el Gobierno reportó la atención de más de dos millones de niños y niñas de 0 a 5 años, así como de personas gestantes, dentro de la política de educación inicial y atención integral.
Otro de los frentes señalados fue la formación integral en colegios públicos. Según el balance oficial, cerca de un millón de estudiantes participaron en jornadas escolares fortalecidas en 5.519 instituciones educativas, con actividades relacionadas con arte, deporte, ciencia, cultura y desarrollo de habilidades para la vida.
Para reducir la deserción en la transición hacia la educación media y superior, el programa SIMES permitió la apertura de grados de secundaria y media en más de 21 territorios y viabilizó 2.294 cargos docentes. El Ministerio afirmó que más de 200.000 estudiantes de municipios donde antes no era posible culminar la trayectoria educativa lograron continuar sus estudios, y que varias escuelas rurales podrán graduar su primera generación de bachilleres.
En materia docente, el Gobierno reportó que 6.792 maestros recibieron becas condonables y más de 15.890 participaron en programas de formación continua. Además, 106.872 educadores aprobaron la prueba para ascender o reubicarse en el escalafón docente, lo que implica mejores ingresos y reconocimiento profesional.
La infraestructura educativa fue otro de los ejes del balance. El Ministerio informó que se intervinieron y ampliaron 11.119 ambientes educativos y que más de 25.000 fueron dotados con mobiliario nuevo, con el objetivo de recuperar proyectos inconclusos y mejorar las condiciones de aprendizaje en el sistema público.
En cuanto a permanencia escolar, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) alcanzó a 5,8 millones de estudiantes, con prioridad para las zonas rurales y con mecanismos de control de calidad y transparencia desarrollados junto con la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA).
Más de un millón de estudiantes accedieron gratuitamente a la educación superior pública durante los últimos tres años, mientras la reforma a la Ley 30 incorporó 4,22 billones de pesos adicionales para fortalecer la financiación universitaria.
En educación superior, el Gobierno destacó la expansión de la política de gratuidad. Más de un millón de estudiantes fueron beneficiados durante los últimos tres años y, solo en 2025, se transfirieron 2,9 billones de pesos a las instituciones públicas para fortalecer su funcionamiento y garantizar el acceso de jóvenes de poblaciones vulnerables y territorios apartados.
El informe resalta además la reforma a la Ley 30 de 1992, que incorpora 4,22 billones de pesos adicionales para la financiación de la educación superior pública, un aumento cercano al 35 % frente a los recursos existentes en 2022. Según el Ministerio, esta medida permitió que 425.096 nuevos estudiantes accedieran a la universidad pública.
A través de la estrategia Educación Superior en Tu Colegio, programas técnicos, tecnológicos y universitarios llegaron a 954 colegios de 427 municipios, beneficiando a más de 120.000 estudiantes. De forma complementaria, el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES) facilitó la continuidad educativa de 5.045 jóvenes mediante alianzas con universidades públicas y el SENA. El Gobierno señaló que el 47,91 % de los bachilleres graduados en 2024 ingresaron a la educación superior en 2025.
Finalmente, la administración reportó 108 proyectos de infraestructura para educación superior con inversiones superiores a 1,7 billones de pesos en 66 municipios de 23 departamentos, y la aprobación del CONPES 4181, que asegura una inversión de 13,11 billones de pesos hasta 2036 para construir, ampliar, mejorar y dotar infraestructura educativa en todos los niveles de formación.
