El jefe de esta cartera habló con Vanguardia Liberal luego de realizar varias reuniones en la ciudad con la Fuerza Pública, empresarios y miembros de la junta directiva de la Universidad Industrial de Santander.
Publicado por: Xiomara Montañez Monsalve
¿Cómo está Santander en materia de seguridad?
Los restos que tiene Santander se concentran en la agenda de la seguridad ciudadana, en reducir criminalidad vinculada ya no tanto con organizaciones criminales poderosas, sino con fenómenos como el microtráfico y el consumo de drogas. Fenómenos como el hurto y delitos contra el patrimonio económico o causas sociales que tienen que ser enfrentados adecuadamente, así como problemas de tolerancia. Hay necesidad de establecer un observatorio criminológico del delito, que nos permita profundizar en estos temas, sin sesgos políticos y con una aproximación científica que sirva de base para las decisiones que se deben tomar en estos casos.
Ganaderos del departamento denuncian extorsiones y secuestros de grupos armados. ¿De nuevo es foco de violencia el campo? ¿Qué pasa con la seguridad de este sector, fortaleza del Gobierno anterior?
Nuestro análisis es que en el departamento no hay estructuras criminales capaces de respaldar una amenaza extorsiva. No las hay en el narcoterrorismo ni en las bandas criminales. Lo que se está presentando como extorsión corresponde más a delincuencia común, a cualquier "chichipatoso" como se dice, que llama o manda una carta utilizando el nombre de las Farc, Eln, Rastrojos y Urabeños, para tratar de producir temor e intimidación que genere el pago. Hay muchos más casos de estos de los que se denuncian. La gente se queja pero no denuncia, ni comparte la información. Creemos que esto obedece a que esta población en el pasado fue muy azotada por la violencia. Santander debe exorcizar la violencia que un día lo azotó, esa cultura de pagar extorsión y que nunca cambió la mentalidad. En la medida en que no se haya cambiado esta mentalidad, cualquier delincuente común puede hacer la llamada, si la gente corre a pagar y no denuncia, eso hace rentable la generación de esos grupos extorsionistas.
En Bucaramanga, las autoridades aseguran que no existe delincuencia organizada y que no hay Bacrim. Entonces, ¿quiénes cometen fleteos, extorsionan y protagonizan actos de sicariato?
Hay que hacer un poco de pedagogía. Decir que no hay Bacrim o narcoterrorismo acá no quiere decir que no existan el delito y el crimen. Lo que se quiere decir es que gracias al esfuerzo de la Fuerza Pública y también a la reacción de esta sociedad que ha sido brava, hoy Santander es uno de los departamentos del país que no sufre la pesadilla de las Farc, del Eln o la Bandas Criminales. Aquí se ha detectado es que la mayor parte de los casos extorsivos, por ejemplo, corresponde a delincuencia común, que si nos descuidamos y no la enfrentamos con denuncias, se puede volver profesional.
Fuerza Pública al interior de la UIS
¿Esto no generará más enfrentamientos?
La idea de poder solucionar estos temas es que la comunidad universitaria entienda que la Fuerza Pública debe estar ahí para proteger a los más de 20 mil estudiantes. No representan una amenaza sino una garantía de protección. Desgraciadamente hay que esperar a que ocurran episodios como estos para que se den cosas importantes.
¿En qué consiste el Plan Renacer de las Farc en las universidades públicas?
Se basa en el lanzamiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, del que hacen parte el Partido Comunista Clandestino PC3 y la Brigada Carlos Toledo Plata o las juventudes del M19. Son grupos subversivos, terroristas además porque cometen actos terroristas. Hago un llamado a los funcionarios judiciales, de Fiscalía y jueces de garantía para que tipifiquen adecuadamente estas conductas. Aquí no estamos hablando de pecaditos veniales, de una protesta, sino de acciones violentas, vandálicas y terroristas. No es un daño en cosa ajena que amerite que a los capturados los hayan dejado en libertad como ocurrió esta semana. Así como se exige un compromiso y decisiones adecuadas a la Fuerza Pública, también hay que exigirla al Poder Judicial.
En el país, ¿están conformadas o no las Bacrim por desmovilizados?
Hemos identificado después de miles de capturas de miembros de Bacrim que apenas el 12% corresponden a desmovilizados de las Auc. Ahora, a nivel de los mandos de Bacrim que hemos capturado, más del 50% sí corresponden a desmovilizados. Lo que advertimos ahí son problemas jurídicos y debilidad institucional en el proceso de desmovilización, que se produjo después del año 2005. Hasta ese año hubo claridad, después ha existido cierta incertidumbre que el Gobierno está enfrentando.
¿Cómo se va a garantizar la seguridad de las víctimas que van a entrar al proceso de restitución de tierras?
Lo que hay es un centro integrado de inteligencia para el proceso de restitución de tierras, donde todas las agencias de inteligencia, militares, Policía, DAS, Fiscalía y Ministerio de Agricultura están aportando información sobre las víctimas, sobre el grado de riesgo que puedan tener y sobre las zonas del país en donde se adelantaría el proceso de restitución de tierras para que esto sirva como insumo a las autoridades para establecer esquemas de protección. Con base en esta información se han determinado zonas de riesgo extraordinario, alto y medio, para poder darle al gobierno nacional una línea de dónde se puede adelantar en cuestiones de seguridad ese proceso de restitución de tierras, porque lo que los colombianos decidimos es adelantar ese proceso todavía en medio del conflicto y hay que tener en cuenta eso para no equivocarnos y comenzar donde todavía está el 'candeleo' más fuerte.
Muchas de las víctimas no creen en la seguridad que le presta el Estado, ¿qué hacer con esto?
El proceso de restitución está comprometiendo a Fuerzas Militares y de Policía en un proceso de asegurar zonas con control militar, policial y al Ministerio del Interior, en los casos concretos de protección individual a algunos líderes que están siendo amenazados. Es en esa combinación en donde tenemos que refinar todo el procedimiento para garantizar la mayor efectividad y por supuesto, pedir toda la colaboración a las víctimas para que confíen en la autoridad, para que colaboren con los estudios de seguridad y obedezcan los protocolos de seguridad. En varios casos que se han denunciado de asesinatos contra víctimas del proceso de restitución de tierras, hemos encontrado que no habían denunciado previamente, que no estaban categorizados como líderes de víctimas de restitución de tierras con riesgo de seguridad o que no habían permitido hacer estudios de seguridad.
¿Quiénes serían los responsables del atentado al busto del ex presidente Laureano Gómez en Bogotá y de las amenazas a su familia, entre ellos al representante del Partido de La U Miguel Gómez Martínez, sobrino del dirigente asesinado Álvaro Gómez Hurtado?
Lo que le puedo decir es que cuando hay un evento terrorista, y este lo fue, es que tiende a eclipsarse la verdad y por lo tanto nuestra obsesión debe ser hallar la verdad. Para esto, he dispuesto que todas las agencias de inteligencia colaboren con los elementos recogidos en el sitio y elementos que puedan llevar este episodio a la Fiscalía para que se esclarezca la autoría y la motivación de este hecho. Lo menos que nosotros podríamos aceptar es ser manipulados y menos por terroristas. Vamos a ser muy prudentes y esperar a que la Fiscalía nos diga quiénes fueron los autores y cuáles fueron los móviles de ese petardo.
El presidente Juan Manuel Santos atribuyó el atentado a la extrema derecha, ¿usted qué dice sobre esto?
Él no lo dijo en esos términos tan absolutos, lo que sí dijo y creo que es lo que hay que expresar, es que aquí no se puede descartar ninguna hipótesis, hay que respaldar y rodear a la Fiscalía y que nos dé pronto las conclusiones.
