La banda criminal ‘La Inmaculada’ ha sido vinculada al asesinato de Javier Soto Velasco. Autoridades revelaron más detalles.
Publicado por: Judicial 3
El asesinato de Javier Soto Velasco, un conocido empresario de Tuluá, ha sido vinculado con la banda criminal ‘La Inmaculada’, según informes de la Policía del Valle y la Gobernación.
Esta organización es conocida por su implicación en homicidios, extorsiones y otros delitos en la región central del Valle del Cauca.
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El asesinato del reconocido empresario ocurrió el pasado martes, 23 de julio, en el barrio Alvernia, donde Javier Soto Velasco y Diana María Rojas, excandidata al Concejo y comerciante, fueron baleados.
Mientras el empresario falleció en el lugar, Rojas resultó herida, pero se encuentra fuera de peligro, según la alcaldía de Tuluá.
Javier Soto Velasco, de pie en la entrada de su negocio, fue atacado por sicarios. Su cuerpo quedó cerca de su motocicleta. Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá, destacó que Soto era un empresario sencillo, dedicado a la administración de propiedades.
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La Policía del Valle del Cauca ha desplegado un equipo de investigación para colaborar con la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de resolver el crimen y capturar a los responsables.
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La banda ‘La Inmaculada’, autodenominada ‘La Oficina de Tuluá’, emitió un comunicado afirmando que su objetivo era atacar a personas involucradas en actividades financieras ilícitas, como inmobiliarias y constructoras. También aclararon que Rojas no era el objetivo del atentado.
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Este no es el primer acto violento atribuido a ‘La Inmaculada’ en Tuluá. En abril, Guillermo León Vélez Restrepo, un comerciante mayorista de frutas, fue asesinado en un acto que las autoridades también vincularon con la banda. En respuesta, se ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre los asesinos.
La banda ha sido golpeada, recientemente, por las fuerzas del orden, con la captura de 21 de sus miembros en abril, incluyendo a siete cabecillas. Este operativo resultó en la incautación de armas y dispositivos electrónicos utilizados para extorsiones.
