Omar Enrique Bolívar Flórez, de 45 años, un prófugo de la justicia que se evadió después de un permiso otorgado en Palogordo, murió al parecer como consecuencia de la manipulación de glifosato.
Durante años —se diría que casi dos décadas— el Gobierno Nacional sostuvo la tesis de que el glifosato, un temido químico usado en la aspersión de cultivos ilícitos como la coca y la amapola en la lucha contra el narcotráfico, era “inofensivo”.
Pero este viernes 6 de junio de 2025, en la mañana, en la morgue del Hospital Universitario de Santander (HUS), tanto la etiqueta en el dedo del pie del cadáver de Omar Enrique Bolívar Flórez, de 45 años, como las palabras “por establecer” en el acta de defunción, sumaron otra duda letal.
Todos los indicios sobre la muerte de este prófugo de la justicia —así como la zona de donde provenía en busca de ayuda, el sur de Bolívar— conectan su partida con el temido químico de control antinarcóticos. Quizá no era tan inocuo.
Hacia las 9:30 a. m., la noticia criminal del fallecimiento de Bolívar Flórez activó no solo las alertas médicas, sino también las judiciales, policiales y carcelarias.
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Omar era el mismo interno de la cárcel de máxima y mediana seguridad de Palogordo, en Girón, quien hacía casi dos años se había fugado después de recibir un permiso de 72 horas, como parte de la redención de su pena por homicidio. Todos lo buscaban.
Uno de tantos crímenes
Omar Enrique Bolívar fue condenado y pagaba pena porque el lunes 9 de mayo de 2016 acabó con la vida de Deimar Andrés Gómez Barragán, de 27 años, a quien le propinó ocho disparos.
Ese día, poco después de las 7:45 de la noche, las autoridades lo capturaron en el barrio 22 de Marzo de Barrancabermeja, intentando huir con una pistola calibre 9 milímetros en el cinto. El arma resultó ser la misma que acabó con la existencia de Deimar Gómez, y fue una prueba contundente para juzgarlo.
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El Juzgado Tercero Penal con funciones de Conocimiento de Barrancabermeja lo envió a prisión por homicidio.
Desde que fue internado, habría empezado a trabajar en las posibilidades de redimir la pena, actuando de manera acorde con los parámetros de convivencia de la prisión. Así estuvo durante casi seis años, hasta que comenzó a solicitar concesiones por su buen comportamiento.
El 28 de febrero de 2023, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga revisó la solicitud del interno identificado con la cédula de ciudadanía 8.829.463, quien pedía permiso de 72 horas por las 366 horas de estudio que le certificaban entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023. Solicitaba disfrutar de 30,5 días de permiso “por su conducta ejemplar y su desempeño sobresaliente”, según consta en el documento del Juzgado.
Había pagado hasta ese momento 97 meses y 4 días de pena. Y así volvió a la libertad hace tres meses, con el compromiso de retornar; pero no lo hizo, y huyó hacia el sur de Bolívar, donde —según las autoridades— se empleó como jornalero.
En las investigaciones, se estableció que “estuvo en el municipio de Yondó, Antioquia, donde inició labores como jornalero, realizando además actividades relacionadas con el manejo de químicos (glifosato), sin las medidas de seguridad necesarias”.
Con el paso del tiempo, comenzó a evidenciar un deterioro progresivo en su estado de salud. “Fue trasladado por su progenitora a la ciudad de Bucaramanga en búsqueda de atención médica. Sin embargo, en el trayecto su condición empeoró, y al momento de su ingreso al centro médico, murió”.
Tanto su nombre como su número de identidad lo evidenciaron: el prófugo había aparecido… muerto.
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Los documentos sobre su fallecimiento precisan además que, después de la inspección del cadáver y conforme a los protocolos establecidos, “no se evidenciaron signos visibles de violencia ni se puede establecer de manera inmediata la causa probable del fallecimiento.
“El ciudadano se encontraba recluido en el Establecimiento Carcelario de Alta Seguridad de Palogordo. Aproximadamente tres meses atrás, le fue otorgado un permiso de 72 horas por parte del INPEC; sin embargo, no retornó…”
Bolívar Flórez salió a morir y, por los rastros de sus últimos pasos en el mundo terrenal, su ‘asesino’ habría sido el quizá no tan ‘inocuo’ glifosato.
Hernando Mantilla, defensor de derechos humanos en cárceles cuestiona permisos temporales a reclusos
Hernando Mantilla, defensor de derechos humanos en cárceles, cuestionó el uso de los permisos administrativos de hasta 72 horas que se otorgan a los internos. En diálogo Vanguardia, aseguró que aunque estos beneficios están contemplados en la ley, pueden terminar generando consecuencias negativas tanto para el sistema como para el propio recluso.
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“Una persona que ha estado presa durante 20 años y le dan un permiso de solo tres días, luego debe regresar al encierro tras haber probado una vida distinta. Eso puede generar un choque emocional fuerte. Incluso, diría que es indigno”, comentó Mantilla.
El defensor también advirtió que si bien el INPEC comparte responsabilidad, el interno es consciente de que al no retornar, incurre en otro delito. En el caso de Bolívar Flórez, ya existía una anotación en el sistema judicial por fuga de presos, además de un homicidio.
“Dicen que estuvo trabajando con glifosato, sin ninguna protección. Tal vez, si hubiera regresado a la cárcel, no habría muerto”, puntualizó.
