Una mujer resultó herida en medio del ataque. La familia pide ayuda de las autoridades.
Publicado por: Redacción Judicial
En cuestión de segundos, dos hombres armados en una motocicleta irrumpieron frente a una bodega de reciclaje en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, y acabaron con la vida de Jonathan Sánchez, de 25 años.
El brutal ataque fue perpetrado ante la mirada atónita de niños, familiares y trabajadores. Los sicarios llegaron en moto, se detuvieron brevemente frente a la bodega y dispararon directamente contra Jonathan, quien se encontraba en el lugar.
En medio de la balacera, una de las hijas de la propietaria del negocio también resultó herida por un disparo.
Lo más impactante es que, según la denuncia, los agresores habrían grabado el crimen, una práctica cada vez más común entre bandas criminales que buscan intimidar y demostrar poder sobre sus víctimas. Jonathan murió en el sitio, ante la mirada de sus seres queridos.
Un crimen ligado a extorsiones y amenazas
El asesinato de Jonathan estaría relacionado con una serie de intimidaciones que comenzó, al menos, un año atrás. La familia propietaria de la bodega de reciclaje empezó a recibir llamadas, mensajes y panfletos en los que una estructura criminal les exigía 60 millones de pesos a cambio de dejarlos trabajar.
Al negarse a pagar, las amenazas se transformaron en ataques armados. En una ocasión anterior, “Le pegaron un tiro a un reciclador de los que estaba aquí vendiendo, pensando que era un hijo mío. Pasaron en moto disparando”, narró la mujer a Noticias Caracol.
En otra, los disparos fueron dirigidos directamente al negocio, como advertencia. Nada de esto fue suficiente para frenar a los extorsionistas. Por el contrario, la violencia aumentó hasta desembocar en el homicidio de Jonathan, esposo de una de las hijas de la dueña del establecimiento.
Lilian Méndez, comerciante y líder recicladora, asegura que desde el asesinato de su yerno su vida se convirtió en un infierno. Relata que los criminales no mostraron ningún tipo de pudor al disparar en un lugar donde había menores de edad y trabajadores.
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El miedo es tan intenso que la familia se vio obligada a esconder a algunos de sus hijos y a cerrar la bodega, su única fuente de sustento. “Salí corriendo como si hubiera cometido un delito”, relata al citado noticiero Lilian, quien insiste en que su único “error” fue trabajar y negarse a pagar la extorsión.
Estas amenazas constantes obligaron a Lilian a vivir bajo custodia policial. Dos uniformados la acompañan, mientras los responsables del asesinato de Jonathan siguen en libertad.
Desesperada, la familia pide la intervención directa del Gaula y de la Fiscalía General de la Nación. Aseguran que no quieren más protección temporal, sino resultados concretos que frenen a los extorsionistas antes de que haya nuevas víctimas.
