El Gobierno de España aprobó una regularización extraordinaria que podría beneficiar a más de 500.000 personas migrantes en situación irregular, marcando el mayor cambio en la política migratoria del país en más de dos décadas.
El Gobierno de España ha dado un paso histórico al aprobar este martes 27 de enero un decreto de regularización extraordinaria que podría beneficiar a más de 500.000 personas migrantes que actualmente viven en situación irregular en el país.
Esta medida, que no se aplicaba desde hace más de dos décadas, representa un cambio significativo en la política migratoria española y responde a una realidad laboral y demográfica que ha transformado profundamente el mercado de trabajo de ese país.
Pero, ¿a quiénes beneficia, cuáles son los requisitos para acceder a la regularización migratoria en España y qué deben hacer las personas que pueden aplicar a este proceso? Acá les contamos.
Requisitos para acceder a la regularización migratoria en España
El proceso de regularización establece criterios específicos pero flexibles que buscan facilitar el acceso a la documentación legal.
Los requisitos fundamentales son claros: podrán acogerse a esta medida todas las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo, siempre que puedan demostrar haber estado en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y llevar más de cinco meses de residencia.
La acreditación de la permanencia en España constituye uno de los aspectos más innovadores del decreto. A diferencia de procesos anteriores, con mayores restricciones burocráticas, el gobierno ha optado por aceptar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”.
Esta flexibilidad representa un avance significativo, permitiendo que documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales sirvan como prueba válida.
✅ El Gobierno ha iniciado los trámites para un proceso de regularización extraordinario para personas extranjeras.
— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) January 27, 2026
🎯 El objetivo es garantizar derechos y dar seguridad jurídica.
👇 Te contamos todos los detalles: pic.twitter.com/4NJvAtzGwe
Particularmente relevante resulta la inclusión de los certificados de envío de remesas como documentación aceptable. Esta medida responde a una demanda histórica de diversas entidades sociales, reconociendo las dificultades que enfrentan las personas en situación irregular para acceder al padrón municipal o a contratos oficiales.
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Los migrantes suelen mantener vínculos económicos con sus países de origen mediante el envío regular de dinero, y este comportamiento ahora podrá servir como evidencia de su presencia continuada en territorio español.
El único requisito adicional establece que la persona no debe tener antecedentes penales “ni suponer una amenaza para el orden público”. Incluso en este aspecto, el Gobierno ha previsto mecanismos flexibles: si el solicitante demuestra que pidió el certificado de antecedentes y no lo recibió después de un mes, la administración podrá recabar la información directamente con la autoridad del país correspondiente y, si tampoco obtiene respuesta en un mes, bastará con una declaración responsable del peticionario.
Plazos y procedimiento simplificado para la regularización migratoria en España
El calendario de implementación ha sido diseñado para garantizar rapidez y eficiencia. El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y se extenderá hasta finales de junio, ofreciendo un período de tres meses para que los interesados inicien el trámite.
Una de las características más destacadas del proceso es su agilidad administrativa. La admisión a trámite deberá producirse en un máximo de 15 días y, desde ese momento, los solicitantes ya podrán empezar a trabajar legalmente “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, según especificó la ministra Elma Saiz.
Esta autorización provisional para trabajar representa un cambio fundamental en la vida de cientos de miles de personas que actualmente laboran en la economía informal.
✅ “Desde el momento en el que se admita a trámite su solicitud, esa persona va a poder trabajar en cualquier lugar del país y en cualquier sector”
— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) January 28, 2026
💬 La ministra @SaizElma responde en @MasDeUno a algunas preguntas sobre la regularización extraordinaria que comenzará en abril pic.twitter.com/Leryo4z6MZ
El Estado concederá una autorización de residencia provisional que permitirá no solo trabajar de forma legal, sino también acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria. Según las previsiones gubernamentales, se dará un margen de hasta tres meses para resolver definitivamente las peticiones.
Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario recibirá una autorización de residencia por un período de un año, tras el cual podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
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La medida también contempla la integración familiar, amparando a hijas e hijos de los solicitantes con permisos de residencia de cinco años, reconociendo así la importancia de mantener unidas a las familias durante el proceso de regularización.
Una garantía crucial del proceso es la suspensión inmediata de todos los procedimientos de retorno y de las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso tras la presentación de la solicitud de regularización.
Esta protección elimina el temor a la deportación que ha condicionado la vida de miles de personas durante años.
El aporte económico de los migrantes en España, cifras que transforman
Los datos sobre la contribución de la población migrante a la economía española desmontan narrativas negativas y revelan una realidad de interdependencia beneficiosa. España cerró 2025 con cifras históricas: 3,085 millones de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, lo que representa el 14,1 % del total de cotizantes, seis décimas más que el año anterior.
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La población extranjera ha sido protagonista del fuerte avance del mercado laboral en los últimos años, con cuatro de cada diez nuevos empleos creados ocupados por personas de origen foráneo. Esta contribución ha sido uno de los factores determinantes que permitieron a España mantener cifras de crecimiento económico por encima de la media europea.
Durante 2025, se sumaron 258.000 ocupados extranjeros, representando el 42 % de todo el empleo creado en el ejercicio. Desde 2018, la población activa pasó de 22,8 a 24,9 millones de personas y, de esos 2,1 millones de nuevos trabajadores activos, 1,3 millones son población extranjera. En el último año se han incorporado 243.100 activos extranjeros, alcanzando un total de 4,18 millones.
La contribución fiscal y a la sostenibilidad del sistema de pensiones resulta particularmente significativa. Los ciudadanos extranjeros aportan el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social, mientras que solo representan el 1 % del gasto, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta ecuación favorable demuestra que la inmigración constituye un pilar fundamental para la viabilidad futura del sistema de protección social español.
Respecto al Producto Interior Bruto, aunque hay menos datos disponibles, el Banco de España calculó en un informe reciente que la población extranjera contribuyó con hasta una cuarta parte del incremento del PIB per cápita registrado entre 2022 y 2024. Esta cifra evidencia el impacto macroeconómico directo de la fuerza laboral migrante.
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El emprendimiento extranjero también experimenta un auge notable. El número de autónomos foráneos marcó un máximo en diciembre de 2025, con 496.888 personas, tras sumar 29.272 durante el año. El dato más revelador: el 75 % de todos los nuevos trabajadores autónomos registrados en 2025 son de origen extranjero, es decir, ocho de cada diez nuevos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Composición de la población migrante: origen y sectores de actividad
La diversidad de la población migrante en España refleja flujos migratorios complejos y cambiantes. Por nacionalidad, Marruecos encabeza la lista de países de origen del mayor número de cotizantes, con 373.436 personas, seguido por Rumanía (336.530), Colombia (250.248), Venezuela (215.735), Italia (204.700) y China (128.113).
Sin embargo, al analizar el crecimiento reciente, la dinámica cambia significativamente. Venezuela fue el país que más trabajadores aportó al mercado laboral español en 2025, con 40.614 afiliados más, un incremento del 23,2 %. Colombia le siguió con 28.929 nuevos afiliados y Marruecos con 26.839. Esta tendencia refleja las crisis políticas y económicas que han afectado a varios países latinoamericanos en años recientes.
Del total de trabajadores extranjeros registrados, 2,163 millones procedían de países de fuera de la Unión Europea y 922.321 de países del bloque europeo. Unos 2,2 millones de los 3,57 millones de ocupados extranjeros llevan siete años o más en España, evidenciando un arraigo prolongado.
Geográficamente, proceden en su mayor parte de América Latina (1,5 millones), seguidos por los de la Unión Europea (987.100), el resto del mundo (851.500) y el resto de Europa (257.300). Según cálculos del centro de análisis Funcas, las nacionalidades del continente americano representan el 91 % del total de migrantes en situación administrativa irregular, con aproximadamente 760.000 personas de un total estimado de 840.000.
La distribución sectorial muestra concentraciones significativas. Los trabajadores extranjeros se emplean principalmente en el sector servicios (2,5 millones). Por sectores específicos del régimen general, la hostelería concentra el 28,8 % de los afiliados extranjeros, la agricultura el 26 %, la construcción el 23,2 % y el transporte y las actividades administrativas el 17,7 %.
En 2025, el número de ocupados extranjeros creció especialmente en el sector del transporte y almacenamiento, con un incremento del 26 %, seguido por las actividades de suministro de agua, construcción y agricultura. Entre los autónomos extranjeros, el crecimiento se concentró en sectores altamente cualificados: un 25,9 % en información y comunicaciones, un 22 % en suministro de energía, un 19,2 % en actividades profesionales, científicas y técnicas, y un 14,2 % en actividades financieras y de seguros.
La distribución por género también muestra evolución. Cerca de 1,8 millones de las personas extranjeras que cotizan son hombres, mientras que el número de mujeres supera los 1,3 millones, tras crecer cerca de un 6 % respecto a 2024. Las mujeres representan ya el 43 % del total de trabajadores foráneos.
Proyecciones futuras y sostenibilidad del mercado laboral en España
Las proyecciones demográficas subrayan la importancia estructural de la inmigración para España. Las últimas estimaciones de la Autoridad Fiscal (AIReF) señalan que el peso de la población con nacionalidad extranjera sobre la población total crecerá del 13,4 % en 2024 al 17 % en 2050 y al 19 % en 2070.
Sin embargo, la AIReF advirtió en su informe de marzo que la inmigración no será suficiente para evitar el descenso de la población en edad de trabajar a partir de 2029, subrayando la necesidad de políticas integrales que combinen regularización migratoria con otras medidas de política laboral y demográfica.
A 1 de octubre de 2025 había en España 7,1 millones de personas con nacionalidad extranjera, la cifra más alta registrada, acompañada de un récord de trabajadores, con 3,57 millones de personas extranjeras ocupadas a cierre de 2025 (1,9 millones de hombres y 1,6 millones de mujeres), según la Encuesta de Población Activa.
El crecimiento de la afiliación extranjera fue especialmente intenso en 2025 en las regiones de Asturias, Extremadura y Galicia, comunidades donde el peso de los trabajadores foráneos sobre el total de cotizantes se sitúa aún por debajo de la media nacional, lo que sugiere un proceso de dispersión geográfica de la población migrante más allá de los tradicionales centros de concentración.
Contexto político y social de la medida de regularización migratoria en España
La regularización es fruto de un acuerdo entre el Partido Socialista (PSOE) gobernante y Podemos, su socio de izquierda, y representa la culminación de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas, que había estado bloqueada en el Congreso durante más de un año por falta de consenso político.
Al tramitarse como real decreto, es decir, naciendo del Ejecutivo, la medida no requiere pasar por el Congreso, donde al gobierno se le hace complejo conseguir mayorías ante la oposición del Partido Popular (derecha) y Vox (ultraderecha). Este mecanismo permite esquivar la falta de apoyos parlamentarios.
La oposición conservadora rechazó frontalmente la medida. El Partido Popular la calificó de “ilegal” y criticó que se vincule a cinco meses de residencia en lugar de al empleo. “Las regularizaciones masivas son ilegales, hay que regularizar persona a persona”, declaró la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.
Vox anunció que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo, considerando la medida una “locura”, una “barbaridad” y un supuesto atentado a la identidad nacional que fomentaría “el efecto llamada” de nuevas migraciones.
Sin embargo, el apoyo a la iniciativa proviene de un amplio espectro social. Cientos de organizaciones de ideología diversa han impulsado la regularización, desde entidades religiosas como la Conferencia Episcopal hasta asociaciones anarquistas y colectivos empresariales. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, calificó la medida como “una buena noticia” que aporta al “bien común” y “reconoce la dignidad” de los inmigrantes.
Organizaciones del sector primario expresaron su satisfacción. “En este momento, tener profesionalidad y personas que puedan trabajar en el campo es una necesidad”, señalaron desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). Los sindicatos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores también respaldaron la medida, considerándola imprescindible y solicitando que se ejecute con rapidez.
No obstante, los sindicatos policiales SUP, Jupol y CEP advirtieron sobre el riesgo de colapso en las unidades de Extranjería ante la regularización “masiva”, mientras que desde la hostelería se pidió que vaya acompañada de programas de formación para la profesionalización.
Esta no es la primera regularización en España. La anterior tuvo lugar en 2005, durante el mandato socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, beneficiando a más de 570.000 personas. Durante el gobierno conservador de José María Aznar se realizaron tres regularizaciones entre 1996 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total. Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
La experiencia reciente de la regularización extraordinaria para víctimas de las inundaciones de Valencia en octubre de 2024, que concedió documentación a 33.044 personas, ha servido como “piloto” del que el gobierno ha aprendido para diseñar este proceso más amplio.
La ministra Elma Saiz declaró que se trata de un “día histórico” que mejora la vida de la gente al dar la oportunidad de vivir “con igualdad de derechos y oportunidades”. “La regularización ordena situaciones laborales ya existentes, permitiendo que ese trabajo se realice con derechos, cotización y seguridad jurídica”, añadieron fuentes ministeriales, subrayando que muchas personas trabajan actualmente “en condiciones de informalidad o precariedad administrativa”.
La regularización es medida de justicia social que avanza con respaldo:
— Elma Saiz (@SaizElma) January 28, 2026
👉🏼 Social: 700.000 firmas y el apoyo de Cáritas o la Conferencia Episcopal.
👉🏼 Política: 310 votos a favor en el Congreso, incluido el PP.
👉🏼 Económica: CEOE y agentes sociales. pic.twitter.com/DLAjpnnaeK
Esta regularización extraordinaria representa un reconocimiento oficial de una realidad laboral y social que lleva años configurándose en España: la dependencia estructural de la economía española respecto a la fuerza de trabajo migrante y la necesidad de integrar formalmente a cientos de miles de personas que ya contribuyen al desarrollo del país, pero permanecen en la sombra administrativa.
