La decisión mantiene suspendidas varias medidas sobre el voto por correo mientras avanzan las demandas contra la orden ejecutiva del presidente.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó la solicitud del Departamento de Justicia para permitir la aplicación inmediata de la reforma sobre el voto por correo impulsada por el presidente Donald Trump.
La decisión mantiene vigente la orden de un juez federal de Boston que suspendió varias disposiciones de la medida en una veintena de estados y el Distrito de Columbia, a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre.
Un panel de apelación de tres jueces concluyó que no detendrá el fallo de un tribunal inferior que prohibía a las agencias federales hacer cumplir inmediatamente la orden ejecutiva de Trump en una veintena de estados y el Distrito de Columbia.
Hay otras impugnaciones legales pendientes contra las directivas del presidente, incluida una demanda presentada por el Comité Nacional Demócrata y los líderes del partido en el Congreso. El Departamento de Justicia indicó en presentaciones judiciales anteriores que consideraría llevar la disputa al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Si bien la orden judicial del juez de Boston no se aplica a nivel nacional, se considera un obstáculo importante para la capacidad de la administración de implementar la orden ejecutiva de Trump, quien durante años ha denunciado, sin presentar pruebas, que el voto por correo beneficia de manera irregular a sus rivales demócratas de cara a las elecciones de noviembre.
Los defensores de todo el espectro político están compitiendo por inclinar a su favor las luchas legales relacionadas con las elecciones antes de noviembre, cuando los republicanos defenderán estrechos márgenes de control en ambas cámaras del Congreso.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito concluyó que, en esta etapa inicial del caso, los estados que presentaron la demanda aportaron pruebas suficientes para sostener que estaban siendo perjudicados por las acciones del presidente y que tenían legitimidad para presentar sus reclamos.
Publicidad
“En total, entre los plazos comprimidos y los cambios anticipados en los procesos electorales de los estados, el expediente del juicio sumario indica que la orden de Trump ya ha ‘producido una tensión increíble’ sobre los funcionarios electorales estatales y sus equipos”.
Escribieron los jueces Gustavo Gelpí y Julie Rikelman en una opinión conjunta recogida por Bloomberg en referencia a la orden ejecutiva de Trump. Ambos jueces fueron designados por el expresidente Joe Biden.
El juez Joshua Dunlap, designado durante el segundo mandato de Trump, discrepó parcialmente y sostuvo que habría permitido que una de las secciones de la orden continuara adelante. En concreto, planteó que el Departamento de Seguridad Nacional elaborara una lista de ciudadanos potencialmente habilitados para votar, con el fin de servir como guía para los estados encargados de organizar las elecciones.
Los portavoces de la oficina del fiscal general de California, que lideró la coalición de estados demandantes, así como representantes del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca, no respondieron a las solicitudes de comentarios. Una docena de fiscales generales republicanos también intervino en el caso para respaldar la orden ejecutiva del presidente.
El Gobierno argumentó que la lista elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional tendría únicamente un carácter orientador para las autoridades locales. Sin embargo, los estados demandantes sostuvieron que la orden ejecutiva contenía un lenguaje que podía interpretarse como una amenaza de acciones penales contra quienes no utilizaran esas listas federales para verificar la elegibilidad de los votantes.
Servicio Postal
El presidente también ordenó al Servicio Postal de Estados Unidos rediseñar el sistema de correo electoral y adoptar reglas que exigirían a los estados coordinar con la agencia sus listas de residentes habilitados para recibir papeletas por correo. Puede leer: Trump bromea con presentarse a las elecciones de 2028 y aparece con una gorra “2028”
Publicidad
Los estados demandantes argumentaron que esto convertiría de manera ilegal al servicio postal en un “regulador electoral” y le otorgaría la facultad de negarse a entregar las boletas.
La Administración y los aliados del presidente defienden estas medidas como mecanismos para prevenir el fraude electoral. En contraste, el Partido Demócrata y varias organizaciones de defensa de los derechos electorales consideran que la iniciativa representa una intervención indebida en las competencias de los estados para administrar las elecciones y advierten que podría generar confusión antes de los comicios legislativos.
A finales de junio, un juez federal de Boston respaldó la demanda presentada por funcionarios estatales demócratas, declaró inconstitucionales varias disposiciones de la orden ejecutiva e impidió que fueran aplicadas en las jurisdicciones involucradas antes de las elecciones del 3 de noviembre.
En el caso impulsado por el Comité Nacional Demócrata en Washington, un juez federal rechazó en mayo la solicitud de suspender de inmediato la orden ejecutiva al considerar que aún era prematuro hacerlo, ya que las agencias federales no habían iniciado su implementación. Poco después, el Servicio Postal comenzó el proceso formal para desarrollar la nueva normativa.
Ahora, los funcionarios demócratas que participan en ese proceso judicial solicitaron a la Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia que suspenda las directrices de Trump antes de las elecciones legislativas de noviembre, mientras continúan las demandas sobre la legalidad de la reforma.
