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Jueves 22 de octubre de 2026 - 02:31 PM

Luisa González es detenida en Ecuador en medio de la tensión política y electoral

El procedimiento judicial contra la dirigente ecuatoriana desató respuestas de sus aliados y elevó la tensión entre el correísmo y el Gobierno, en un momento decisivo para la política nacional.

La detención de Luisa González abrió un nuevo capítulo de tensión política en Ecuador. Las reacciones de sus aliados y las implicaciones judiciales del caso ponen el foco sobre el correísmo y el escenario electoral. Foto: Policía de Ecuador
La detención de Luisa González abrió un nuevo capítulo de tensión política en Ecuador. Las reacciones de sus aliados y las implicaciones judiciales del caso ponen el foco sobre el correísmo y el escenario electoral. Foto: Policía de Ecuador

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Todavía no había amanecido en Canuto, una localidad rural de la provincia costera de Manabí en Ecuador, cuando la calma habitual del lugar se rompió con la llegada de agentes que no eran de la zona. Venían directamente desde Quito, la capital, situada a cientos de kilómetros, y su destino era el lugar donde alguien se había criado.

La Policía Nacional confirmó el procedimiento a través de su división zonal en esa jurisdicción, aunque sin dar mayores detalles. El operativo, explicaron, no fue ejecutado por uniformados locales, sino por personal enviado expresamente desde la capital, un dato que dejó más preguntas que respuestas.

Pronto se supo que la persona detenida era Luisa González, excandidata presidencial del correísmo en las elecciones de 2023 y 2025. El golpe llegó a escasas cinco semanas de los comicios locales del 29 de noviembre, en las primeras horas del jueves 22 de octubre. Además: El FBI y la Interpol en Santander: Las pistas que revelaron el paradero de la familia del temido narcotraficante ‘Fito’

La detención de Luisa González abrió un nuevo capítulo de tensión política en Ecuador. Las reacciones de sus aliados y las implicaciones judiciales del caso ponen el foco sobre el correísmo y el escenario electoral. Foto: Policía de Ecuador
La detención de Luisa González abrió un nuevo capítulo de tensión política en Ecuador. Las reacciones de sus aliados y las implicaciones judiciales del caso ponen el foco sobre el correísmo y el escenario electoral. Foto: Policía de Ecuador

Dos casos y una acusación de persecución

La Fiscalía informó en redes sociales que, junto con la Policía, ejecutó tres órdenes de detención para formular cargos por lavado de dinero en las provincias de Manabí y Pichincha, cuya capital es Quito. Sin embargo, no precisó si González estaba entre las personas detenidas, lo que alimentó la incertidumbre hasta que la Policía confirmó su captura.

Las órdenes corresponden al caso ‘Laberinto’, en el que el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y en el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, debido a inconsistencias en los aportes y en el origen lícito de los recursos. A González se le imputa en este proceso un delito de lavado de activos. Además: Ataque armado contra una ambulancia deja dos muertos en Manabí, Ecuador

Pero este no es su primer frente judicial. A comienzos de este año ya había sido imputada en el caso ‘Caja Chica’, en el que la Fiscalía le atribuye un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero.

Según el ente acusador, la campaña de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023 habría sido financiada con dinero en efectivo traído desde Venezuela. En enero, las autoridades allanaron su vivienda y ella negó haber recibido dinero venezolano.

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A raíz de esas investigaciones, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió en marzo a la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), a petición de la Fiscalía.

El correísmo denuncia que se trata de una persecución política del Gobierno de Daniel Noboa para dejarlo fuera de las elecciones locales. Tras esa decisión, González intentó inscribirse como candidata a la Prefectura de Manabí con el aval del partido indigenista Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), pero su postulación fue invalidada por incumplir varios requisitos de la norma. Lea también: Capturan en Ecuador al principal sospechoso del feminicidio de Natalia Villalba en Bogotá

El procedimiento judicial contra la dirigente ecuatoriana desató respuestas de sus aliados y elevó la tensión entre el correísmo y el Gobierno, en un momento decisivo para la política nacional.
El procedimiento judicial contra la dirigente ecuatoriana desató respuestas de sus aliados y elevó la tensión entre el correísmo y el Gobierno, en un momento decisivo para la política nacional.

La reacción del correísmo en las calles

La primera voz de alarma la dio Correa en X. “Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador Vencerá”, escribió sin más detalles. El exmandatario, condenado por corrupción y prófugo de la justicia ecuatoriana, vive en Bélgica desde que dejó el cargo.

Desde su cuenta oficial, González respondió con un comunicado en el que calificó la acusación de “absurda”. Aseguró que Ecuador “ha llegado a una situación insostenible” y que, en lo que llamó la dictadura de Noboa, hay desastre económico, violencia y corrupción totales, además de un ataque a las libertades y una persecución política permanentes. Además: Colombia y Ecuador llevan su guerra comercial ante la Comunidad Andina

Dijo que respondería “con la dignidad” de quienes nada deben y pidió a su partido y a las demás fuerzas progresistas “unidad, unidad y unidad”. También agradeció la solidaridad recibida y aseguró que “más temprano que tarde, el silencio explotará en cada rincón del territorio”.

En Quito, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, exigió la “inmediata libertad” de González y sostuvo que fue “secuestrada por este Gobierno”.

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Afirmó que el caso es “un proceso ya juzgado” y cuestionó que la Fiscalía lo reabriera a cinco semanas de unos comicios en los que su partido no puede competir.

Entre aplausos, se preguntó si el rechazo popular al Gobierno era tan grande como para que tuviera que arrestar autoridades y planteó que se busca tapar las crisis energética, sanitaria, educativa y de seguridad con “shows mediáticos”.

Rivadeneira anunció movilizaciones de la militancia y una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ricardo Patiño, excanciller de Correa, aseguró que ni siquiera saben dónde se encuentra González y que saldrán a las calles a exigir “respeto, libertad”.

El caso se inscribe en un escenario más amplio. El miércoles, la Fiscalía allanó la sede del Municipio de Quito, cuyo alcalde, Pabel Muñoz, ganó en 2023 como candidato del correísmo y busca la reelección.

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Además, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, también elegido ese año de la mano de la Revolución Ciudadana, cumple condena en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad que Noboa construyó siguiendo el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador. Rivadeneira recordó, además, que el exvicepresidente Jorge Glas acumula tres condenas por corrupción.

La posesión presidencial en Ecuador está prevista para este sábado 24 de mayo de 2025.
Foto: Presidencia.
La posesión presidencial en Ecuador está prevista para este sábado 24 de mayo de 2025. Foto: Presidencia.

Petro y Noboa abren un nuevo frente

La detención trascendió las fronteras. El expresidente colombiano Gustavo Petro (2022-2026) comentó el mensaje de Correa en X y afirmó que en Ecuador “se desarrolla una verdadera dictadura, que comienza con un fraude electoral”.

Agregó que el llamado Escudo de las Américas “no es un escudo contra el narcotráfico, sino un escudo contra la democracia”.

Noboa respondió en una entrevista con la revista Semana. Aseguró que Petro “se enloquece” porque estaría inmerso en una estructura ilegal y afirmó que están desbaratando una gran estructura de narcotráfico y lavado de activos que, según él, incluye al exmandatario colombiano.

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No es la primera vez que ambos chocan. En abril, Noboa acusó a Petro de mantener vínculos indirectos con personas relacionadas con organizaciones criminales ecuatorianas y aseguró que se reunió en Manta con integrantes de la Revolución Ciudadana, algunos con supuestos nexos con alias Fito, líder de Los Choneros, hoy detenido en Estados Unidos.

También criticó la política de paz total. Tras esas declaraciones, Ecuador envió una nota de protesta y llamó a consultas a su embajador en Bogotá. Colombia hizo lo mismo; se suspendieron las mesas de diálogo y escalaron las represalias comerciales, con aranceles de hasta el 100 %.

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