Los fiscales del tribunal internacional señalan tanto a las tropas de Estados Unidos y la CIA, como a las fuerzas afganas, aliados europeos y los talibanes, de torturas y abusos sexuales durante la ocupación en Afganistán.
Publicado por: Ángela Castro Ariza
La decisión del presidente Donald Trump de imponer sanciones económicas a funcionarios de la Corte Penal Internacional, CPI, en represalia por investigar crímenes de guerra en Afganistán, se interpreta como un ataque frontal contra este tribunal, en el marco de su clara ofensiva contra el multilateralismo.
Trump no tuvo reparos ayer en calificar a la CPI de “corrupta”, y anunciar que castigará económicamente y con restricciones en sus viajes a quienes se atrevan a indagar la actuación de su ejército o de sus aliados en suelo afgano, luego que en marzo pasado este organismo diera luz verde a una investigación contra soldados y miembros de la CIA, talibanes y fuerzas afganas entre 2003 y 2014.
Nicolás Carrillo, experto en Derecho Internacional y organismos multilaterales, lo describe como “un ataque más de su administración contra el multilateralismo, basada en malinterpretaciones populistas sobre en qué consisten la soberanía e intervención”.
De hecho, señala que esto denota “un doble rasero teniendo en cuenta ciertas acciones judiciales contra extranjeros en los Estados Unidos de América”.
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Carrillo reitera, en ese sentido, la ausencia de condenas efectivas frente a crímenes internacionales cometidos por estadounidenses, “por ejemplo con ocasión de un indulto o perdón concedido por el mismo Trump, sino además la ausencia de reparaciones efectivas a favor de las víctimas”.
Adicionalmente, el experto considera que la acción del mandatario estadounidense atenta contra la independencia judicial y debilita la capacidad de combatir la impunidad.
Limitar al tribunal
Es una decisión que agrava aún más las iniciativas de la CPI, desde su creación en 1998, apunta Cristian Gómez, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de la Universidad Industrial de Santander, UIS.
A su juicio, el tribunal con sede en La Haya (Holanda) ha estado muy limitado para ejercer sus funciones en ciertos estados poderosos en el concierto internacional que tienen responsabilidad en crímenes de guerra.
Y lo resume como una “estrategia de Estados Unidos de negar ese reconocimiento de la CPI”, de la cual no hace parte como miembro a diferencia de Afganistán.
En este caso, los ciudadanos estadounidenses que hayan cometido delitos allí pueden ser perseguidos por la justicia internacional.
El docente universitario recuerda que, desde el año pasado, EE.UU. viene redoblando sus ataques contra la CPI, como cancelando la visa de su fiscal Fatou Bensouda, y ahora con esta acción de sancionar a los investigadores de la misma, lo que hace es poner “contra las cuerdas” a este organismo de justicia internacional.
