Expertos en derecho internacional estiman improbable una acción armada externa en Venezuela, como lo sugirió el Secretario General de la OEA. La posibilidad del uso de la fuerza en el país vecino resulta inconveniente y desestabilizadora para Colombia y la región.
La carta de una posible intervención militar en Venezuela, de nuevo, está sobre la mesa en el escenario internacional; pero lo que está en juego es mucho.
El encargado de hacer esta apuesta arriesgada fue el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien el pasado viernes en la frontera colombo-venezolana, no descartó la posibilidad del uso de la fuerza para “derrocar” al gobierno de Nicolás Maduro, justificándola por el sufrimiento del pueblo venezolano.
Venezuela está sumida en una profunda crisis económica y social que ha originado que 2,3 millones de personas abandonaran en los últimos cuatro años el país petrolero, según la ONU. Colombia ha acogido a más de un millón de migrantes del vecino país.
Si bien hay quienes consideran que el endurecimiento de las sanciones contra funcionarios clave del Gobierno venezolano y el entorno de Maduro solo ha resultado un paliativo para resolver de manera definitiva la compleja situación que se vive en Venezuela, una acción armada extranjera tampoco es una opción fácil con la que pueda lidiar la comunidad internacional.
Un paradigma en América Latina fue el caso panameño cuando en 1989, Estados Unidos derrocó al dictador Antonio Noriega en lo que se llamó una operación “quirúrgica”. Pero Venezuela no es Panamá, Maduro no es Noriega, y además, los dos países no se equiparan ni en fuerza militar ni en población.
Desde el punto de vista del derecho internacional, Nicolás Carrillo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana en Bogotá, opina que hay dos respuestas ante una eventual incursión militar en Venezuela: una sobre el papel y otra sobre la práctica.
Sobre el papel, explica, no es posible que los terceros Estados de la región e incluso Estados Unidos, intervengan militarmente porque las únicas dos circunstancias en las cuales el derecho internacional permite una actuación militar es la legítima defensa frente a una agresión externa, que no es el caso venezolano; o con la venía del Consejo de Seguridad de la ONU.
Sobre este último punto, señala que el Consejo sí podría autorizarlo sobre el papel bajo consideraciones tales como protección de la paz y la seguridad o afectaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, descartó que esto vaya a ocurrir en la práctica, “por el derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad”, refiriéndose a que Rusia y especialmente China defienden una concepción muy estricta de no intervención por razones geopolítica y teóricas. Además son países aliados y socios comerciales del gobierno Maduro.
María Carmelina Londoño, directora de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana en Bogotá, advierte que una intervención militar sería una clara violación del principio de prohibición del uso de la fuerza, “es una norma perentoria que está por encima de todas las normas en derecho internacional”.
Lo anterior, a su juicio, podría amenazar seriamente la estabilidad de los estados, sin embargo observa que la comunidad internacional tampoco puede permanecer indiferente e impávida frente a lo que ocurre en Venezuela.
Por ello expone otros modos de hacer intervenciones, menos dramáticas, que están exclusivamente enfocadas en proteger a las personas y evitar el escalamiento de la crisis que se vive en Venezuela.
‘Responsabilidad de proteger’
Londoño hace alusión a la llamada “responsabilidad de proteger”, tal y como lo indicó el secretario Almagro, “que es otro principio muy discutido que permitiría a la comunidad internacional cumpliendo con unos procedimientos establecidos”, mediante votos y consultas, “entrar a apoyar las crisis humanitarias cuando se tienen evidencias del sufrimiento humano”.
Sin duda, agrega, esto plantea un serio desafío para la OEA y la región, en la medida en cómo lograr mantenerse dentro del derecho internacional y a su vez, permitir una efectiva reacción frente a lo que está pasando en Venezuela.
Carrillo apunta en tal sentido que dicha responsabilidad de defender y proteger a los venezolanos por parte de la comunidad internacional ante la imposibilidad del Estado de hacerlo, “debe ser coherente con las normas que regulan el uso de la fuerza”.
Según él, no es conveniente una intervención con armas que agravaría la situación y generaría un clima de abuso de diferentes facciones en el vecino país, y apela a la presión diplomática y jurídica. Adicionalmente puso de relieve el riesgo de que el presidente Maduro recurra a la tesis del “enemigo externo” para intentar reforzar una confrontación internacional.
Así pues, considera que lo que queda por hacer son acciones que no supongan el uso de la fuerza, como la propuesta de remitir la situación venezolana a la Corte Penal Internacional por parte de otros estados de la región o ejercer presiones de la OEA que condene la situación venezolana.
No es nada bueno para colombia
Ronal Rodríguez,
investigador
