La justicia española condenó ayer a 11 años de inhabilidad al juez Baltasar Garzón por un caso de escuchas ilegales, expulsando de la carrera judicial a un magistrado que osó investigar controvertidas cuestiones como los crímenes de la dictadura franquista.

Publicado por: AFP
Por decisión unánime, el Tribunal Supremo español lo condenó a “11 años de inhabilidad especial para el cargo de juez” por estimar que vulneró el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes.
Los detenidos eran presuntos cabecillas de una red corrupta, conocida en España como “trama Gürtel”, que en 2009 salpicó a altos cargos regionales del Partido Popular, que ahora gobierna España.
Garzón, mundialmente conocido por la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, ordenó las escuchas por sospechar que los abogados participaban en operaciones de blanqueo de dinero y aseguró durante su juicio, celebrado a mediados de enero pasado, que siempre actuó “preservando el derecho a la defensa”.
Denuncian maniobra política
Esta sentencia llega sólo un día después del fin de otro juicio contra Garzón, que despertó gran expectación dentro y fuera de España, por querer investigar más de 114.000 desapariciones durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75) pese a una Ley de Amnistía.
De ser declarado culpable, el magistrado sería condenado a hasta 20 años más de inhabilidad.
La coincidencia de estos casos, y la existencia de un tercero para el que aún no se anunció juicio, llevaron a sus partidarios a denunciar una maniobra política.
Su labor en Colombia
• El juez español Baltasar Garzón fue designado a comienzos del año pasado como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA).
• La Mapp, creada en febrero de 2004 y cuya sede está Bogotá y cuenta con otras 13 oficinas regionales, tiene como fin apoyar el proceso de paz de Colombia y verificar la desmovilización y reinserción de los paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz.















