El golpe es grave. Primero, los subsidios eran parte fundamental de la forma de pago de los compradores. Sin ellos, quienes habían ahorrado para una vivienda perderán su dinero al no poder cumplir con sus compromisos.
La suspensión del programa Mi Casa Ya representa un retroceso histórico para miles de familias colombianas y un golpe devastador a la economía del país. Más de 40.500 hogares quedarán sin el subsidio necesario para completar su cierre financiero, según Camacol. Pero el problema no termina ahí: esta decisión desencadena un efecto cascada con consecuencias alarmantes para las familias, las empresas constructoras y el sistema financiero, que podría sufrir un impacto profundo y a largo plazo.
El golpe es grave. Primero, los subsidios eran parte fundamental de la forma de pago de los compradores. Sin ellos, quienes habían ahorrado para una vivienda perderán su dinero al no poder cumplir con sus compromisos. Segundo, los constructores, que dependían de estos cierres financieros para cubrir sus propios créditos, enfrentan la posibilidad de entrar en crisis financiera, poniendo a cientos de empresas en riesgo de quiebra. Tercero, los bancos, al no recibir los pagos de esos créditos, sufrirán pérdidas significativas, complicando aún más la economía. Y por último, esta decisión agrava la situación que ya crítica: las ventas de vivienda vienen un 50% por debajo de los niveles de 2023, y el sector ha perdido más de 250.000 empleos en el último año.
La construcción es un motor esencial de la economía colombiana. Cada vivienda nueva genera 1,8 empleos directos e indirectos, y el programa Mi Casa Ya no solo garantizaba acceso a la vivienda, sino que también fomentaba la competencia en el sector, mejorando la calidad y dinamizando las economías locales. Ahora, más de 100.000 unidades de vivienda están represadas, y las industrias relacionadas, como las de materiales de construcción, ya reportan caídas significativas en producción, afectando a trabajadores y empresas en toda la cadena de valor.
Lo más preocupante es que esta decisión, refleja una desconexión alarmante del Gobierno con las necesidades reales del país. Durante más de un año, gremios y expertos advirtieron sobre el impacto que traería la disminución en la asignación de subsidios. Sin embargo, estas alertas fueron ignoradas. En lugar de priorizar soluciones, el Gobierno ha optado por desviar la atención, atacando al gremio de la construcción y trivializando una crisis que afecta a miles de familias colombianas.
Mi Casa Ya no era un gasto, sino una inversión en bienestar social y crecimiento económico. Su eliminación no solo afecta a las familias más vulnerables, sino que debilita la confianza en las políticas públicas como herramientas de progreso. Es urgente que el Gobierno rectifique y reestablezca este programa, salvando al sector de la construcción, protegiendo empleos y devolviendo la esperanza a miles de colombianos. No hacerlo será condenar al país a un retroceso económico y social que tardará años en superar.
