El procurador mostró cifras aterradoras. Dijo que el 36% del territorio nacional está siendo controlado por grupos armados al margen de la ley; que el Clan del Golfo controla 60 zonas, el ELN 26 zonas y el 23% de los municipios de Colombia están en manos de grupos criminales.
En días pasados, el recién estrenado Procurador General de la Nación intervino en el foro organizado por la revista Semana. Al expresar su preocupación por la gravísima situación que se vive en el Catatumbo, añadió que se están gestando otras tres crisis similares en Arauca, Cauca y todo el departamento de Norte de Santander.
El procurador mostró cifras aterradoras. Dijo que el 36% del territorio nacional está siendo controlado por grupos armados al margen de la ley; que el Clan del Golfo controla 60 zonas, el ELN 26 zonas y el 23% de los municipios de Colombia están en manos de grupos criminales. Además de las rentas del narcotráfico, el mayor negocio de estos grupos es el mercado ilegal del oro cuyo precio pasó de 80.000 pesos por gramo a 300.000.
Suena increíble que siendo la explotación del oro un monopolio del Estado, no solo no controle su explotación ilegal, sino que se oponga a que lo hagan legalmente las empresas que cuentan con avanzadas tecnologías, que pagarían impuestos y regalías y minimizarían los irreparables daños ambientales que causa la explotación ilegal.
Mencionó también el procurador que después de la ganadería, el segundo renglón en crecimiento de la economía en el 2024 fue el gasto del estado. Un contrasentido económico dado el creciente déficit fiscal, además de que el gasto en burocracia no crea riqueza. Sugirió que el gobierno debe dejar de pelear con los empresarios para que vuelvan a confiar en el país e inviertan para generar empleo y riqueza. Mencionó también la crisis en las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos que afecta nuestras exportaciones y por ende el empleo de los colombianos.
En palabras de un periodista que cubrió el evento, lo que dijo diplomáticamente el procurador es que estamos viviendo del cuento al sustentar el crecimiento económico en el gasto estatal en lugar de apoyar la generación de empresas.
Menos diplomática fue la representante Catherine Juvinao. Con vehemencia criticó duramente la incapacidad del gobierno para controlar el territorio como consecuencia del desmantelamiento de la fuerza pública. De 203.000 integrantes que había en el 2021, hoy tiene 172.000; hay inestabilidad en la cúpula militar puesto que el presidente y su ministro de Defensa se han dedicado a dar la baja a decenas de generales. Dijo que el gobierno no solo ha probado su incapacidad para cumplir en materia de paz, tampoco en materia de salud, educación, vivienda, servicios públicos, transición energética, infraestructura vial y férrea. Y envió un durísimo mensaje al presidente: “… no pretenda atornillar en el poder a su fracasado gobierno que no es más que el gobierno del bla bla bla y del shu shu shu”
En conclusión, Colombia necesita que en el 2026 los electores no coman cuento.
