El aumento del avalúo catastral es la expresión de una lógica de valorización territorial que privilegia el interés rentista por sobre la estabilidad de los ciudadanos, más allá de mostrarse como un fenómeno paralelo.
El reciente aumento del impuesto predial en Bucaramanga es el resultado directo de la actualización del avalúo catastral. Esto ha puesto en evidencia las contradicciones del modelo de financiamiento urbano vigente. Si bien la actualización catastral es un mecanismo legítimo para ajustar el valor fiscal de los predios al comportamiento del mercado inmobiliario, su impacto en la estructura socioespacial de la ciudad no puede ser ignorado. En este proceso, la presión tributaria está funcionando como un vector de desplazamiento silencioso, afectando principalmente a propietarios de sectores tradicionalmente consolidados y generando una reconfiguración forzada del tejido urbano.
El aumento del avalúo catastral es la expresión de una lógica de valorización territorial que privilegia el interés rentista por sobre la estabilidad de los ciudadanos, más allá de mostrarse como un fenómeno paralelo. Por otro lado, la dinámica inmobiliaria se ha intensificado con la densificación vertical de diferentes barrios, como Cabecera del Llano, Sotomayor y San Alonso; donde los propietarios enfrentan aumentos del impuesto predial hasta del 50% de su valor anterior. Esta medida afecta de diferente forma a los residentes antiguos, para quienes se les obliga a vender sus propiedades y trasladarse a sectores periféricos, convirtiéndose en una medida de expulsión indirecta.
El problema parte de los escasos mecanismos compensatorios que mitigan estos efectos. En ciudades con diferentes políticas fiscales se han implementado esquemas de exención tributaria contemplando los diferentes segmentos poblacionales, tasas diferenciadas según la capacidad de pago o fondos de estabilización urbana donde se redistribuyen los beneficios de la revalorización del suelo. Bucaramanga, sin embargo, se enfrenta a una encrucijada: mientras el municipio incrementa su recaudo, se profundizan las dinámicas de exclusión territorial y se refuerza un modelo urbano en el que la permanencia en la ciudad central depende exclusivamente de la capacidad económica.
La reconfiguración fiscal del territorio debe garantizar equidad y acceso al suelo y, al mismo tiempo, no puede ignorar una planificación urbana. Es necesario que la actualización catastral vaya acompañada de políticas de mitigación del impacto tributario, particularmente para aquellos sectores en riesgo de desplazamiento. La ciudad no debe permitirse que el costo de su progreso recaiga de manera desproporcionada sobre quienes han contribuido a su consolidación histórica.
‘Pensar Ciudad’ es entender que los impuestos son una herramienta de desarrollo urbano. Su aplicación debe tener armonía con criterios de justicia social, donde la administración del territorio no se convierta en un mecanismo de segregación. Así, el tributo debe ser un instrumento que garantice una ciudad donde el derecho a habitar no dependa únicamente del cálculo fiscal.
