La discusión fiscal en Colombia suele contaminarse de extremos. Para unos, cualquier propuesta de reducir el tamaño del Estado es automáticamente “neoliberal” o “enemiga de lo social”. Para otros, todo servidor público es poco menos que un parásito burocrático. Ambas caricaturas son equivocadas.
Colombia necesita un Estado fuerte. Pero una cosa es un Estado fuerte y otra muy distinta un Estado obeso. El próximo gobierno —sea del color político que sea— tendrá que asumir una realidad incómoda: las cuentas no dan. El déficit fiscal, el aumento del endeudamiento y el crecimiento acelerado del gasto público obligarán a hacer ajustes serios. No por demagogia, no por capricho ideológico, sino por responsabilidad con un país que necesita recursos para, en paralelo al pago de la deuda, invertir en infraestructura, educación, salud, ciencia, seguridad y transformación productiva.
Según explicó César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, en un artículo del periodista Luis Álvaro Rodríguez, el próximo gobierno necesitará una corrección fiscal de entre tres y cuatro puntos del PIB, equivalente a cerca de $65 billones. Incluso plantea que el ajuste inicial debería rondar los $40 billones.
La magnitud del problema es evidente. Esta misma semana, el Gobierno realizó una megasubasta de TES por $6 billones con tasas cercanas al 15 %, niveles que los analistas consideran extremadamente altos para la historia reciente del país.
Frente a ese panorama, seguir actuando como si el gasto público pudiera expandirse indefinidamente sería irresponsable. Pero cuidado: ajustar no significa destruir el Estado. Y mucho menos desmontar capacidades institucionales estratégicas. El debate no debería centrarse en tener “más Estado” o “menos Estado”, sino en tener un Estado más inteligente. En Colombia hemos confundido durante mucho tiempo el tamaño con la fortaleza.
No es más fuerte un Estado porque multiplique ministerios, entidades, cargos de libre nombramiento o contratos de prestación de servicios. Tampoco porque convierta cada problema en una nueva estructura burocrática. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario: mientras más capas administrativas se crean, más lenta, costosa e ineficiente se vuelve la gestión pública.
Y ahí aparece una de las mayores distorsiones de nuestro aparato estatal: la coexistencia entre nóminas gigantes y nóminas paralelas aún más gigantescas.
El problema no es solamente cuántos funcionarios existen, sino cómo se usan los recursos humanos del Estado. Hay entidades con buenos servidores públicos haciendo trabajo técnico de valor para el país, pero también hay miles destinados a sostener redes clientelistas.
Por eso, la modernización estatal no debería verse como un asunto secundario, sino como parte central de la sostenibilidad fiscal. Un Estado que incorpore tecnología, interoperabilidad de datos e inteligencia artificial puede reducir costos, agilizar procesos y mejorar la experiencia ciudadana sin sacrificar capacidades institucionales.
El verdadero valor del sector público no está en llenar escritorios, sino en resolver problemas.
