Los terroristas liderados por ‘Calarcá’ usaron supuestos civiles con camisetas blancas para servir de escudo humano y evitar el bombardeo de aeronaves del Ejército, aprovechándose de la disposición del Gobierno de no bombardear si hay sospecha de posible afectación a civiles.
El reciente asesinato de siete soldados y el secuestro de 5 más en el Guaviare a manos de los narcoterroristas de las FARC, lideradas en esa zona por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’, no solo es un acto atroz que enluta al país, sino un golpe directo a la dignidad de las Fuerzas Militares y al orden constitucional. Más aún cuando estos soldados cumplían una misión de cuidar a un grupo de 95 excombatientes de las FARC en un centro de reincorporación (AETCR) del espacio territorial de Charras y se encontraban en el momento de la emboscada en una misión de extracción.
Para rematar, los terroristas liderados por ‘Calarcá’ usaron supuestos civiles con camisetas blancas para servir de escudo humano y evitar el bombardeo de aeronaves del Ejército, aprovechándose de la disposición del Gobierno de no bombardear si hay sospecha de posible afectación a civiles.
Estos hechos generan rabia, indignación y dolor. Lo más grave, sin embargo, es la respuesta del Gobierno: NINGUNA.
Absurdamente existe un decreto presidencial desde el 17 de abril que ordena el cese al fuego específicamente contra esa estructura terrorista y que, al momento de escribir estas líneas y habiendo transcurrido cerca de 5 días del atentado, inexplicablemente aún sigue vigente.
¿Qué mensaje se le está dando a los colombianos cuando se mantiene un pacto de no agresión con quienes asesinan soldados, hieren a otros y secuestran a los sobrevivientes? ¿Qué tipo de “paz total” es esta que le exige disciplina a los militares, pero ofrece impunidad a los bandidos? La respuesta del Gobierno ha sido el silencio, y ese silencio se traduce en complicidad.
Alias ‘Calarcá’ no es un actor desconocido. Fue capturado en flagrancia en julio del año pasado en las carreteras de Antioquia, portando armas ilegales y movilizándose en vehículos de la UNP. Y en lugar de ser juzgado por los crímenes cometidos, fue liberado y posteriormente nombrado “gestor de paz” por la administración Petro. Premiado, como muchos otros delincuentes.
El Gobierno tiene la obligación constitucional de proteger la vida y la seguridad de todos los colombianos, incluidos —y sobre todo— quienes portan el uniforme de la Patria. Mantener un cese al fuego con quienes violan flagrantemente esa tregua es traicionar esa misión.
La pregunta que queda en el aire es obvia: ¿qué intereses están detrás de la decisión de mantener intacto un decreto que ya fue cobrado en sangre? Porque si no hay consecuencias, no hay ley. Y si no hay ley, lo que tenemos no es un gobierno, sino un facilitador del crimen.
El país necesita claridad. Necesita liderazgo. Y sobre todo, necesita justicia.
Es hora de que el gobierno sea claro y responda: ¿De parte de quién está? ¿De los terroristas o del Pueblo?
