Bucaramanga fue sede de la Primera Cumbre Internacional del Agua, con delegaciones de 14 países, científicos, ambientalistas, estudiantes y gobiernos locales reflexionando sobre la crisis hídrica global. Un evento de gran nivel, necesario y oportuno. Pero también un momento para asumir verdades incómodas que no se pueden seguir posponiendo.
Nos movilizamos con determinación para proteger el páramo de Santurbán, y con razón. Pero al mismo tiempo dejamos morir el Río de Oro. Permitimos que el Suratá, del que se abastece buena parte de Bucaramanga, reciba vertimientos sin control. Y seguimos aplazando la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que lleva más de una década entre estudios, anuncios y promesas incumplidas, sin resultados visibles.
Hoy, más del 60 % de las aguas residuales del área metropolitana se vierten sin ningún tipo de tratamiento. Y aunque los diseños y la viabilidad técnica de la PTAR del Río de Oro ya existen, buena parte de su financiación depende de una decisión del Gobierno Nacional. Sin esos recursos, no hay avance posible. La solución financiera está en Bogotá, donde deben entender que la crisis ambiental del oriente del país no puede seguir siendo ignorada por más tiempo.
La ausencia de las ministras de Ambiente y Vivienda fue más que un desaire. Fue una señal preocupante de falta de compromiso. Las regiones están haciendo su parte. Lo mínimo que se espera del Gobierno Nacional es que escuche, se siente a la mesa y ponga los recursos. Este no es un capricho. Es una necesidad ambiental, sanitaria y social urgente, que debe estar por encima de cualquier cálculo político.
La bancada santandereana también tiene un papel determinante. Debe actuar con una sola voz, sin divisiones ni cálculos. No se trata de ideologías ni partidos. Se trata de lo básico: garantizar agua limpia, recuperar nuestras fuentes, proteger la salud pública. Una bancada regional fuerte y articulada podría lograr que esta obra sea una prioridad nacional. Lo contrario es seguir condenando al olvido a una región que es vital para el desarrollo del país y que exige respuestas inmediatas.
La ciudadanía ha cumplido con su deber. Marchó por el agua, se movilizó por Santurbán, levantó la voz. Ahora le toca al Estado responder. Defender el agua no puede seguir siendo una consigna de campaña. Tiene que convertirse en política pública con resultados medibles, con recursos ciertos y ejecución urgente.
La cumbre fue importante. Pero no basta con la foto, el panel y el discurso. El verdadero legado debe ser concreto: recursos garantizados, obras iniciadas, compromisos cumplidos y un modelo de gestión replicable. Porque el agua no espera. Y Santander tampoco.
