El Concejo Municipal de Girón aprobó el Acuerdo 043 de 2025, que le otorga al alcalde la facultad para transformar jurídicamente la empresa de servicios públicos del municipio, abrir su capital a inversionistas privados y emitir acciones preferenciales. Todo esto, bajo el argumento del fortalecimiento institucional y la eficiencia.
Girón S.A.S. E.S.P. es una empresa de servicios públicos domiciliarios constituida con participación del municipio de Girón, del municipio de Betulia y de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija (EMPULEBRIJA). Es decir, no es una empresa de propiedad exclusiva del municipio. Sin embargo, no se evidencian aspectos tan elementales como, por ejemplo, la autorización por parte del Concejo Municipal de Betulia y de la junta de socios de Empulebrija, ni tampoco una justificación seria desde el punto de vista técnico, jurídico y operativo. Todo lo anterior podría, eventualmente, configurar vicios que den lugar a su nulidad.
Pero más allá del tecnicismo jurídico, hay una pregunta que debería inquietar a cualquier ciudadano: ¿Quién controla lo público cuando se abre la puerta al capital privado sin una discusión seria, pública y participativa?
No se trata de satanizar la inversión privada, ni de desconocer que muchas empresas públicas requieren reformas estructurales. Pero la experiencia nacional nos ha enseñado que estos procesos, cuando no se adelantan con rigor, transparencia y estudios serios, pueden terminar muy mal.
Basta con recordar lo ocurrido en Emcali, donde los intentos de privatización parcial generaron fuertes cuestionamientos; o el escándalo de la Triple A de Barranquilla, cuya composición mixta sirvió como cortina para desfalcos millonarios; o el caso de Cartago, donde la venta de participación estatal en su empresa de servicios públicos terminó en investigaciones por presunta corrupción.
La empresa de Girón presta servicios esenciales como alcantarillado, optimización de plantas de tratamiento de agua potable, entre otros. Cualquier decisión que afecte su estructura, composición accionaria o forma de operar debe estar respaldada por estudios financieros, técnicos y jurídicos robustos; con participación ciudadana real y con garantías de que lo público seguirá siendo público en lo esencial.
La transformación de una empresa pública en mixta es legal, sí. Pero no sin deliberación y sin estudios y sin controles serios. Ojalá este proceso no repita historias ya conocidas, porque los servicios públicos son derechos y no mercancías. Y esos derechos hay que protegerlos con todas las herramientas que nos ofrece el ordenamiento jurídico a partir de la necesaria participación ciudadana y control de las entidades del Estado.
En próximas columnas —por razones de espacio— profundizaremos en varios aspectos llamativos que se han detectado en este proceso y que, curiosamente, se conectan con otro de los temas más discutidos en la ciudad: el Distrito Metropolitano.
