Hace unos días, el presidente electo Abelardo De La Espriella, afirmó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinaría 60 millones de dólares para el proceso de empalme del gobierno nacional, para “fortalecer el proceso de transición y brindar acompañamiento técnico en la etapa inicial de la nueva administración” según se lee en el comunicado oficial, lo cual generó cuestionamientos legítimos sobre la naturaleza, destinación y necesidad del recurso.
La cifra señalada por De La Espriella, equivale aproximadamente a 210 mil millones de pesos, monto que supera el presupuesto anual de numerosos municipios colombianos y que podría representar una diferencia significativa en sectores donde las necesidades son urgentes.
Es importante precisar que el debate no gira alrededor de la cooperación internacional, en tanto que Colombia ha recibido históricamente asistencia técnica de organismos multilaterales para fortalecer capacidades institucionales, modernizar la administración pública y apoyar reformas del Estado. No obstante, las declaraciones del gobierno entrante no han sido claras en explicar sobre el destino específico de los recursos, la forma en que serán administrados, los criterios para su ejecución y los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía podrá ejercer control sobre su utilización.
La inquietud aumenta cuando se anuncia que en el proceso de empalme y transición participan más de 400 personas. El empalme entre gobiernos constituye una obligación administrativa prevista por el ordenamiento jurídico colombiano y tradicionalmente ha consistido en el intercambio organizado de información, reuniones técnicas y entrega de informes entre funcionarios salientes y entrantes. Es legítimo preguntarse por las condiciones que justifican una estructura de semejante magnitud y una inversión de esta dimensión.
Las preguntas sobre la destinación y administración de los recursos son importantes en un sistema democrático y hacen parte del derecho y deber del ejercicio de control ciudadano y en este sentido es necesario que se aclaren cuestiones relevantes, como por ejemplo, ¿Cuál es el presupuesto desagregado? ¿Qué actividades concretas se financiarán? ¿Quién ejecutará los recursos? ¿Qué mecanismos de contratación se utilizarán?¿Qué indicadores permitirán evaluar los resultados? ¿Dónde podrá consultar la ciudadanía cada peso ejecutado?
Estas, entre otras preguntas, adquieren mayor relevancia porque el discurso del hoy gobierno electo, insistió en la necesidad de reducir el gasto, eliminar privilegios y administrar los recursos públicos con criterios de austeridad.
El nuevo gobierno, tiene ahora la oportunidad de comenzar su gestión con transparencia y claridad sobre las inversiones que pretende realizar en el arranque de su periodo electoral. Solo una gestión transparente, sometida permanentemente a la rendición de cuentas y al control ciudadano, puede consolidar la confianza pública y honrar el principio constitucional según el cual el poder se ejerce en función del interés general.
