Publicado por: Editorial
La política en Colombia parece haber perdido el norte ético que alguna vez guio a quienes aspiraban al servicio público. Hoy, con una naturalidad pasmosa, vemos a no pocos gobernantes y funcionarios ejecutar sus labores mientras saquean el erario sin siquiera sonrojarse, una conducta antes rechazada y perseguida que ha ido transformándose en una constante que termina por justificar el lucro personal a costa del patrimonio de todos. Es aberrante que se perciba el Estado como un botín y no como la responsabilidad sagrada de velar por los bienes de una Nación.
La impunidad, por supuesto, es la manta que cubre a los inmorales y que hace que la corrupción se extienda, pues ni la justicia, ni la historia ni el escarnio social logran siquiera inquietar a los depredadores, porque los fallos judiciales se quedan en letra muerta, la memoria colectiva se adormece entre uno y otro escándalo y la sanción social hoy se suspende entre la indiferencia y el cinismo. Esta falta de consecuencias ha creado la sensación de que todo está permitido.
En este clima de desmedro ético ha cundido la aberrante idea de que a los gobernantes se les puede permitir el saqueo mientras ejecuten algunas obras o programas sociales; la tristemente célebre frase “que roben, pero que hagan” es el síntoma más repudiable de una moral nacional contaminada, que renuncia a exigir rectitud a cambio de migajas, mientras convierte los deberes en favores y el delito en un privilegio del poder, todo lo cual solo ha servido para degradar la política hasta convertirla en un negocio sucio que perjudica al país entero.
Toda esta inversión de valores lleva a la sociedad a claudicar ante la falsa idea de que la corrupción es un mal necesario, un precio que debemos pagar por un progreso pírrico. La historia nos muestra que las sociedades que se rinden ante la desvergüenza de sus dirigentes terminan condenadas a la inmoralidad, la mediocridad y el atraso, pues no se puede edificar un futuro próspero sobre la base de la mentira y el asalto sistemático a los recursos públicos.
Esta mentalidad delictuosa de unos y conformista de otros pervierte las instituciones, maltrata el tejido social y mina la confianza que debe existir entre el Estado y los ciudadanos. Por otra parte, cuando la política se convierte en una cantera de corsarios, la posibilidad de construir una sociedad equitativa y en paz se diluye, dando paso al cinismo y la desesperanza, porque la corrupción reduce las oportunidades de la población, envilece la moral de la Nación y enriquece a los que ya tienen poder, profundizando las brechas que nos dividen.
Frente a este panorama, Vanguardia alza su voz con la misma firmeza con que lo ha hecho desde su fundación, combatiendo estas ideas y acciones corruptas desde la información veraz, las investigaciones periodísticas y la voz autorizada e independiente de nuestros columnistas, quienes también usan sus espacios frecuentemente para señalar, denunciar y exigir el regreso a la observancia de la ley como presupuesto fundamental del ejercicio de la política y el cumplimiento de funciones públicas, como una forma de lucha por la defensa de los valores que deben regir la convivencia y el progreso de los colombianos.
No podemos permitir por más tiempo que la política continúe convirtiéndose en refugio para delincuentes, ni que el ejercicio público sea un mecanismo para enriquecerse a costa del perjuicio y el sufrimiento ajeno. Por eso, desde Vanguardia seguiremos denunciando la corrupción y la impunidad, pues son los peores enemigos de la democracia, y no retrocederemos en nuestro empeño porque sabemos que un país que, desde sus mismos dirigentes, tolera el delito es un país que renuncia a su futuro. Sostenemos hoy, como siempre, que la integridad, la honestidad y los valores no son negociables.
