Publicado por: Editorial
El creciente número de accidentes viales en Bucaramanga es un factor que debe mirarse con seriedad y responsabilidad, pues estos cobran cada vez más vidas, como que entre enero y mayo de 2026 la Dirección de Tránsito reportó 521 siniestros, un incremento del 12 % frente al mismo periodo del año anterior; pero aún más alarmante es el aumento del 36 % en víctimas fatales, con 45 personas que murieron en las vías de la ciudad. La mitad de ellas, 23, fueron motociclistas convertidos, por su osadía y la anarquía del tránsito, en el grupo más vulnerable.
Además de los 23 usuarios de motos, hubo 15 muertes de peatones, tres de ocupantes de carros y dos de ciclistas, para completar un panorama desolador de muerte y luto en nuestras calles, que es la consecuencia lógica de la imprudencia, pero también de la falta de control y, sobre todo, de una injustificable desidia institucional que ha convertido las vías y las aceras en un campo de batalla donde todos pierden.
La ciudad ha visto algunos esfuerzos para controlar el caos de tráfico, pero son acciones que han resultado ineficaces. La restricción nocturna para motocicletas, por ejemplo, es parte de esos intentos que, si no se acompañan de una estrategia general bien articulada, no van a llevar a ninguna parte. Lo que se requiere es un cambio de enfoque: pasar de la reacción a la prevención, de la improvisación a la planificación estratégica y de la permisividad a la sanción ejemplar.
En medio de todo esto, es esencial que no siga permitiéndose que la impunidad sea la norma para quienes, con sus irresponsables decisiones, ponen en riesgo la vida de los demás. Las autoridades reportan miles de multas e inmovilizaciones cada año, pero esto por sí mismo no ha hecho que el tránsito mejore, lo que significa que las sanciones, sin un cuerpo operativo, sin un trasfondo educativo y una justicia bien dispuesta, no logran modificar conductas arraigadas en la imprudencia y el desconocimiento de las normas.
Pero la solución no está exclusivamente en las manos de las autoridades: los conductores y peatones tienen un papel determinante en la construcción de una movilidad segura, pues cada vez que un motociclista se salta un semáforo, un conductor excede el límite de velocidad o un peatón cruza por un lugar indebido, está contribuyendo a la tragedia colectiva. La corresponsabilidad ciudadana es una acción lógica y moralmente necesaria, que nos obliga a actuar con prudencia y respeto, en procura de la protección de la vida propia y la de los demás, bajo el entendido de que la seguridad vial es un bien común que debe protegerse entre todos. Los gobiernos del área metropolitana deben adquirir un compromiso real con la solución a este problema. Lo que se requiere es una estrategia que incluya la revisión de la infraestructura vial, autoridad, la implementación de controles rigurosos y la promoción de una cultura de la legalidad en las vías.
