Publicado por: Editorial
El reciente asesinato, en nuestro departamento, de cuatro mujeres en el lapso de seis días es otra cruel manifestación de una crisis que nos confronta con una violencia que se ha incrustado en lo más profundo de nuestra sociedad y que hace tiempo espera respuestas urgentes y contundentes, pues la indignación y el escándalo que estos crímenes despiertan deben pasar al campo de las acciones concretas, de las autoridades y de las comunidades, en tanto la gravedad de la situación nos concierne a todos como sociedad.
Con más de una docena de feminicidios en el último año, Santander ocupa un inaceptable cuarto lugar en el ámbito nacional. La violencia intrafamiliar representa aquí siete de cada diez denuncias de este tipo, con un promedio espeluznante de un caso cada dos horas, mientras la violencia sexual se reporta cada doce horas, afectando en un 33 % a niños menores de seis años, lo que indica que nos hemos acostumbrado a presenciar esta clase de agresiones brutales y violaciones de derechos fundamentales, lo cual es sencillamente escandaloso.
Los datos de subregistro son igualmente aterradores, pues nos dicen que cerca del 63 % de las mujeres que han sufrido violencia no denuncian por falta de confianza en el sistema judicial, lo cual, obviamente, eterniza la impunidad y deja a las víctimas en un estado de vulnerabilidad extrema. La sociedad santandereana debe empezar a considerar este como un asunto de salud pública y de derechos humanos que demanda una intervención decidida de todos los estamentos, en lugar de normalizar la violencia o justificarla bajo pretextos culturales o sociales totalmente falaces.
Al contrario de esto, se debe educar a las nuevas generaciones en el respeto y la igualdad, desmontando los estereotipos de género que alientan la agresión y el abuso, mientras se construye una cultura de paz y tolerancia desde los primeros años de vida, tanto en el hogar como en el colegio. Pero también hay que ser más efectivos en los casos inmediatos, pues las víctimas actuales necesitan que la justicia tipifique estos actos adecuadamente y que, ante la evidencia suficiente, se apliquen las penas más severas posibles.
El impacto de esta violencia trasciende el ámbito individual y fractura a la familia por el miedo y el dolor que causa, dejando a los niños desamparados y condenados a un destino incierto. Cuando una mujer es asesinada, se instalan traumas y desesperanzas en sus hijos, quienes quedan huérfanos y atrapados en círculos de violencia perpetua, lo que poco a poco nos ha ido convirtiendo en una sociedad que mantiene en la angustia y la amenaza a un gran número de sus miembros.
El Estado, por su parte, tiene la obligación de contener y prevenir esta violencia mediante un enfoque integral que incluya el cabal cumplimiento de las leyes, además de rutas de atención con líneas de emergencia y centros de refugio que ofrezcan protección a las víctimas a toda hora, así como un fortalecimiento de la educación y la sensibilización ciudadana. La justicia, por su parte, debe operar con celeridad para evitar la revictimización de las denunciantes.
La violencia contra la mujer, que muchas veces deriva de la cultura machista, es un problema de toda la sociedad y, como tal, debe abordarse con la seriedad y la urgencia que merece, pero, además, la lucha contra la violencia intrafamiliar y de género es una batalla cultural que debe enfrentarse todos los días, en cada hogar, en cada salón de clase y en cada espacio de convivencia. No hay atajos ni soluciones mágicas, pero sí hay un camino que debemos recorrer juntos, con determinación y con la convicción de que un mundo sin violencia contra las mujeres es posible.
