Publicado por: Editorial
En un reciente informe de la Contraloría General de la República, esta entidad hace una radiografía descarnada sobre la alarmante expansión de los grupos armados ilegales a 518 municipios, un crecimiento superior al 165 % en apenas seis años, algo que no puede interpretarse sino como un fracaso histórico y estructural del Estado que, al no copar los vacíos de poder en los territorios nacionales, permite que se establezcan allí toda clase de grupos violentos con múltiples intereses delincuenciales.
Para algunos analistas, este crecimiento muestra la metamorfosis de la violencia, en tanto las viejas guerrillas transitaron de la lucha política hacia una degradación de su identidad, ubicándose en muchas zonas del país como brazo armado del narcotráfico y otras economías ilícitas. La firma del acuerdo de paz de 2016, lejos de cerrar el ciclo, abrió una nueva fase más fragmentada y violenta, con las disidencias de las Farc sustentando las mismas guerras que los carteles libran por el control de las rutas.
La situación en el Catatumbo, donde concurren prácticamente todas estas estructuras, es el síntoma más complejo de este fenómeno y proyecta amenazas sobre departamentos como Antioquia, Bolívar, Arauca y Santander, donde el avance de estos grupos pone en jaque la gobernabilidad y la seguridad de millones de ciudadanos. Frente a este panorama, la Fuerza Pública debe contar con todos los recursos tecnológicos y de inteligencia necesarios, por lo que preocupa que el informe revele que la inversión en ciencia y tecnología para defensa y seguridad es apenas el 0,2 % del PIB, lo que limita gravemente la capacidad de anticipación y respuesta.
Sin embargo, la historia demuestra que la acción militar por sí sola no resuelve el problema a largo plazo, pues mientras la presencia del Estado se limite a los operativos y no se traduzca en una inversión social y económica sostenida en los territorios, la violencia encontrará siempre condiciones para resurgir. La fórmula que ha funcionado en el mundo entero, y que en Colombia se ha aplicado de manera intermitente, combina la fuerza legítima con políticas de largo plazo que reduzcan las causas estructurales del conflicto.
El informe oficial señala que los grupos ilegales crecieron en cerca de cinco mil integrantes en un solo año, llegando a los 27 mil miembros, lo que habla de una capacidad de supervivencia y reclutamiento que solo se puede aplacar si se les arrebata el apoyo social que, por acción u omisión, aún encuentran en algunas regiones, lo que indica que el Estado se ha demorado en asumir que la seguridad nacional es un concepto integral que trasciende lo castrense.
La Contraloría recomienda que a los avances logrados se les dé continuidad con una visión estratégica y de política pública, lo cual señala un aspecto crítico en la medida en que Colombia carece de una política de Estado que trascienda los gobiernos e integre el uso de la fuerza con la inversión social. Mientras la planificación sea a corto plazo y responda a la inmediatez de cada crisis, los grupos armados, que tienen una lógica de acumulación y control territorial de largo alcance, llevarán siempre la delantera.
El presupuesto destinado a sistemas antidrones y otras capacidades tecnológicas, aunque significativo, debe ser solo parte de un enfoque general hacia el establecimiento de un Estado más presente que haga sentir protegido e incluido al ciudadano, lo que, claro está, significa una ejecución ágil y eficaz de los recursos en los territorios más golpeados, evitando la burocracia que tantos proyectos ha condenado al fracaso.
El hoy presidente electo, Abelardo de la Espriella, tiene la responsabilidad y la oportunidad histórica de romper este ciclo vicioso, siempre y cuando las acciones que se proyecten no se limiten al plano militar y se complementen con el desmonte de las economías ilegales y las oportunidades reales a quienes hoy viven en zonas de violencia.
