La precisión de las comisiones escrutadoras desmanteló, con la frialdad de las cifras oficiales, el desgastado libreto del fraude sistémico que Petro pretendía instalar como última línea de defensa. La realidad matemática es testaruda: la fluctuación técnica entre el conteo de los jurados de mesa en los formularios E-14 y el escrutinio judicial definitivo jamás ha superado el 0,20 % en este siglo. Resultaba un absurdo jurídico e institucional pretender que un reconteo revirtiera el 0,96 % de ventaja que separaba a los candidatos. Ese era otro fósforo para incendiar la nación. Al reconocer con madurez política el resultado el pasado miércoles, Iván Cepeda no solo demostró realismo procesal, sino la lucidez de quien sabe que su trinchera inmediata será el liderazgo de la oposición en el Senado.
Para los analistas, el 64 % de participación configura un país político simétricamente fracturado a la mitad. Este panorama obliga a una verdad ineludible: el presidente electo, si aspira a desmarcarse del sectarismo del gobierno saliente, deberá gobernar para la totalidad de la nación y no para su tribuna. Además, no podrá ignorar al otro ejército silencioso: ese 36 % que optó por la abstención. Ese que es palpable en las periferias geográficas y sociales debido al abandono institucional, a la violencia y al limitado acceso a las urnas.
Sanar esta brecha exige reformas estructurales profundas, no cosméticas, que ataquen sus causas: la refundación de los partidos políticos —hoy convertidos en meras empresas de avales—, la obligatoriedad de elecciones internas democráticas para cargos uninominales y de corporaciones públicas y un régimen sancionatorio inflexible que castigue el transfuguismo y la violación de sus propios estatutos con la pérdida inmediata de la investidura resultan necesarias ahora más que nunca. Paralelamente, urgen programas de pedagogía electoral que le devuelvan al ciudadano la certeza de que su voto es la única herramienta legítima para edificar gobernanza.
El ejemplo nítido de la necesidad de un cambio de actitud ocurrió en Santander. El masivo respaldo al presidente electo no fue un cheque en blanco; fue la respuesta natural y vehemente de una región sometida al desdén y al aislamiento de la administración central saliente. Ante este olvido, las urnas fueron la única trinchera posible. Ahora, la tarea para la dirigencia santandereana es exigir que esa descomunal fuerza electoral se traduzca en una representación de peso en el nuevo gabinete ministerial. Solo desde los altos espacios de decisión del gobierno central se podrán impulsar y destrabar las grandes obras de infraestructura que el departamento reclama para consolidar su desarrollo socioeconómico. El voto santandereano cumplió; ahora le corresponde al nuevo Ejecutivo responder con inversión y dignidad.
Posdata: ¿Será que así, unidos, podremos cambiar el tablero político de los clanes en Santander? Sí se puede.
