La más reciente actualización de las reservas de hidrocarburos nos obliga a revisar la política energética colombiana. Aunque el Gobierno insiste en transmitir estabilidad, las cifras muestran una realidad que merece una discusión menos ideológica y mucho más técnica: las reservas probadas de gas natural cayeron 17 % durante 2025, hasta ubicarse en 1.717 gigapies cúbicos, suficientes para menos de seis años si el país mantiene el ritmo actual de producción.
No es alarmismo, es reconocer que una transición energética no puede construirse negando la realidad. Colombia necesita avanzar hacia otras fuentes de energía, pero también garantizar su seguridad energética durante ese proceso. Renunciar a explorar nuevas reservas antes de consolidar fuentes alternativas suficientes es asumir que podemos prescindir de un recurso que todavía sostiene buena parte de su economía y del bienestar de millones de hogares.
Santander ocupa un lugar privilegiado en esa conversación. Bajo buena parte de su territorio se encuentran los mayores potenciales de hidrocarburos del país. Resulta paradójico que, mientras las reservas disminuyen y aumenta la importación, mantengamos paralizados proyectos cuya viabilidad podría evaluarse con rigor científico. ¿Nos resignamos a contemplar dificultades económicas mientras nos sentamos sobre un tesoro?
Naturalmente, aprovechar ese potencial exige una enorme responsabilidad. La explotación de hidrocarburos es legítima si está acompañada de una regulación inteligente que minimice riesgos ambientales, fortalezca la supervisión técnica y garantice absoluta transparencia. También requiere una relación distinta con las comunidades, basada en información, diálogo e inversión anticipada en infraestructura, educación, salud y desarrollo local, de manera que los beneficios sean visibles desde el comienzo.
Algo similar ocurre con el debate sobre el fracking. Durante años, la discusión quedó atrapada entre quienes lo presentan como la solución absoluta y quienes lo consideran una amenaza inevitable. Sin embargo, las tecnologías, los estándares de monitoreo y los protocolos ambientales han evolucionado significativamente. Por eso hay que hacer los pilotos para aprobar o descartar de una vez su viabilidad. Eso no elimina los riesgos, pero sí obliga a evaluarlos con evidencia científica y no con narrativas construidas hace décadas.
No es casualidad que la Visión Santander 2050 haya convertido el aprovechamiento del potencial energético del departamento en la primera de sus nueve misiones estratégicas. La hoja de ruta propone consolidar a Santander como un hub de la transición energética. El futuro no consiste en renunciar a nuestra vocación energética, sino en utilizarla para financiar una economía más sostenible y competitiva.
Si ese propósito se desarrolla con responsabilidad, Barrancabermeja y Puerto Wilches recuperarían buena parte de su dinamismo económico mediante nuevas inversiones y regalías que también beneficiarían al resto de Santander y de Colombia. El verdadero desafío no es escoger entre desarrollo y sostenibilidad, sino demostrar que ambos pueden coexistir sin dogmas.
