Hoy, el crimen organizado no se oculta. La violencia dejó de ser anómala y, gracias a su inmensa capacidad de intimidación, se ejerce con naturalidad a lo largo y ancho del mundo, con el beneplácito —o la resignada adaptación— de Estados, empresas y del sistema financiero internacional. El crimen organizado patrocina campañas, contrata influenciadores y consultores, cogobierna, negocia, pacta e impone reglas, una y otra vez, según su conveniencia.
Su fortaleza radica en la existencia misma del mercado y en las prohibiciones que busca evadir. Aunque el narcotráfico continúa siendo su fuente principal, también lo son el abastecimiento de armas, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, la movilización de migrantes, la explotación sexual, el saqueo de bienes públicos, los peajes extorsivos, el secuestro y la comisión de crímenes por encargo. Opera con gran flexibilidad. Es una cadena adaptable que actúa donde detecta oportunidades de lucro y poder.
Sus aliados naturales son la cleptocracia, la impunidad, el debilitamiento institucional, el dinero digital y la tecnología, que le permite actuar sin dejar rastros. Hay redes transnacionales, regionales y locales. El tráfico de personas, estupefacientes y armas prolifera en América Latina. Se multiplican los territorios controlados por estos grupos, que sustituyen al Estado muchas veces con su complacencia, en amplias zonas urbanas y rurales. Puerto Príncipe, la capital haitiana en ruinas, está tomada en un 80 % por pandillas. En Buenaventura, el gobierno, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, ha actuado como árbitro en la delimitación de las zonas de dominio de dos organizaciones delincuenciales.
Para su contención se han ensayado todo tipo de iniciativas. Sobresalen la fallida política “Abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador, que fortaleció a los cárteles mexicanos, y la represión brutal de Nayib Bukele en El Salvador, con apreciable respaldo popular pese a flagrantes violaciones de derechos humanos. Por su parte, Colombia ha transitado desde la guerra generalizada hasta los pactos de paz, casi siempre incumplidos.
Se estima que el crimen organizado transnacional moviliza tres billones de dólares al año y trasciende barreras culturales, lingüísticas y geográficas. Sus víctimas —atrapadas en nuevas formas de esclavitud— ni siquiera figuran en las estadísticas oficiales. La normalización del delito es una corriente subterránea que atraviesa las economías del mundo y explica la superabundancia de bienes lujosos y estrafalarias alternativas de diversión, junto a extremas carencias en vastos sectores poblacionales. Cuando el Estado no garantiza los derechos humanos fundamentales, se fomenta la proliferación de la delincuencia organizada y los desvalidos terminan por someterse a los grupos armados como mecanismo de supervivencia.
