Los casos judiciales de Uribe, Trump, Marine Le Pen y Bolsonaro tienen un común denominador, y es el discurso con el que sus partidarios han intentado desconocer la contundencia de las pruebas. En todos estos casos, se acusa a los jueces de parcialidad política y se denuncia una presunta persecución judicial.
Pero hay algo mas que aproxima los casos de Uribe y Bolsonaro y es la intromisión estadounidense intentando socavar la soberanía y la independencia del poder judicial.
En el caso colombiano a las voces de congresistas trumpistas como Carlos Giménez, Bernie Moreno o el ex gobernador de Florida Rick Scott, se suma la del secretario de Estado Marco Rubio, equivalente al ministro de relaciones exteriores. Este funcionario refriéndose a la sentencia de primera instancia de un proceso que comenzó hace 13 años como consecuencia de una denuncia que interpuso el entonces senador Uribe ante la Corte Suprema, afirmó: “El uso como arma del poder judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante”
Pero si por aquí llueve en Brasil no escampa, pues el gobierno Trump ha interferido en el desarrollo del juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro, y siete exmiembros de su gobierno, acusados de intentar un golpe de Estado durante el asalto de la sede del Congreso de Brasil el 8 de enero de 2023.
Las presiones norteamericanas en favor de su protegido, en un proceso que deberá decidirse entre septiembre y octubre próximo, no se han quedado en palabras. Rubio anunció el retiro de la visa al magistrado de la Corte Suprema de Brasil Alexander de Moraes y a otros siete magistrados acusándolos de perseguir a Bolsonaro. Al mismo tiempo está la aplicación de un arancel de 50% a los productos brasileños que deberá hacerse efectiva el próximo 1 de agosto.
Es inaceptable que un poder extranjero pretenda interferir y menos amenazar, el funcionamiento autónomo e independiente de los poderes e instituciones encargados de garantizar y defender el Estado Democrático de Derecho. Frente a este intento de regresar a América Latina a las épocas del “gran garrote” de Roosvelt, los ciudadanos, independiente de nuestras posiciones ideológicas, debemos expresar nuestro más enérgico rechazo.
Por fortuna, no todo lo que viene del norte por estos días son sombras; para la muestra la postura del congresista gringo Jim McGovern quien dirigiéndose a su secretario de Estado dijo: “esta mal apoyar la impunidad de un hombre fuerte que está siendo responsabilizado por los tribunales de su propio país. Esta declaración es vergonzosa y tú lo sabes”.
