En los consultorios jurídicos universitarios se libra una transformación silenciosa, pero preocupante. La inteligencia artificial ha ocupado el lugar que antes tenía el proceso formativo: Algunos estudiantes ya no redactan, no reflexionan, no exploran caminos argumentativos. Preguntan a la IA, copian, ajustan superficialmente y entregan. Esta responde con aparente precisión, redacta, cita —o simula citar— normas y sentencias. Y, sin embargo, en ese atajo se está perdiendo algo esencial: el pensamiento jurídico.
Hoy, los asesores de consultorios jurídicos —eventualmente— ya no corrigen al estudiante; corrigen lo que la IA produjo. Revisan redacciones automáticas, normas descontextualizadas, sentencias inexistentes. Duele ver cómo se diluyen capacidades que antes eran el sello de un buen estudiante: la elección de palabras, la formulación de hipótesis, la argumentación razonada y el juicio crítico frente al problema jurídico. Se ha debilitado la capacidad de análisis, de síntesis, de interpretación. Y en su lugar florece la pasividad disfrazada de eficiencia.
El ejercicio académico, que debería formar criterio, se ha reducido a presentar lo que “arrojó el sistema”. Hay estudiantes que entregan, por ejemplo, conceptos laborales sin entender el régimen aplicable, los efectos jurídicos de la figura usada, ni siquiera el origen de los valores que aparecen en sus escritos. Lo grave no es que se equivoquen —porque equivocarse hace parte del aprendizaje—, sino que no sepan detectar la equivocación. La IA se convierte así en una fuente incuestionable, cuando en realidad es solo una herramienta que también comete errores.
La IA no es el problema. El problema es cómo se usa. No puede prohibirse, pero sí debe delimitarse. El consultorio jurídico no es solo una experiencia práctica. Es el lugar donde nace la responsabilidad profesional. Para eso, es esencial que se implementen estrategias pedagógicas que incorporen la tecnología como apoyo, no como sustituto. No se trata de evitar los errores ni de maquillar los resultados, sino de recuperar el valor formativo de equivocarse: identificar fallas, comprenderlas y aprender a corregir con criterio propio.
Hoy todo se centra en lo visual: el texto bien formateado, la apariencia pulcra, la estructura externa. Pero se ha abandonado lo más importante: la actividad mental. Reflexionar, interpretar, hilar conceptos, recordar lo dicho por el profesor en clase, proponer. Eso no lo hace ningún robot. Eso lo hace el abogado.
Y ahora, con el ingreso de una nueva cohorte de estudiantes en agosto, este llamado cobra aún más urgencia. Es el momento ideal para socializar estas preocupaciones, replantear prácticas y volver a poner el foco en el criterio jurídico, no en la herramienta tecnológica. Porque el derecho no puede perder su esencia interpretativa para terminar reducido a un eco mecánico y sin pensamiento.
Pensar aún importa. Especialmente en el derecho.
