El reciente especial publicado por Vanguardia volvió a poner sobre la mesa una verdad incómoda: la Vía Curos–Málaga sigue siendo la ruta de la muerte. Más de 700 personas han perdido la vida en este corredor que comunica a 12 municipios y a 120.000 santandereanos con el resto del departamento. Por allí circulan cada año 50 millones de litros de leche, 400 reses semanales, alimentos, frutas, insumos y mercancías. También transitan el turismo, el comercio y el progreso de una región condenada por la negligencia estatal. Esta vía lleva más de 100 años esperando su pavimentación total y aún le faltan más de 60 kilómetros para dejar de ser un riesgo permanente.
Son 124 kilómetros en total, pero lo que debería ser un corredor moderno y seguro es la radiografía de un fracaso histórico del Estado. Hay tramos pavimentados que se interrumpen con puntos críticos como El Caney o El Pangote, donde avalanchas y deslizamientos han obligado a instalar puentes militares y cerrar la vía por meses. El primer puente entre Guaca y San Andrés nació con errores de diseño, el Puente de La Judía funciona más por inercia que por mantenimiento, y el Puente Hisgaura —presentado como emblema de modernidad— no ha resuelto la precariedad de un corredor que sigue siendo trocha. Para un productor de García Rovira, sacar su mercancía puede resultar más costoso que exportarla fuera del país. Esa realidad encarece la vida, frena el comercio y ahoga el desarrollo de toda la región.
La historia reciente está llena de anuncios y promesas que se repiten en cada campaña electoral, mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Invías actúan con la lentitud de quien no comprende la urgencia. Las obras inconclusas o mal ejecutadas desperdician recursos públicos y multiplican los riesgos para los conductores. En municipios como Málaga, Capitanejo, San Andrés y Concepción, cada kilómetro sin pavimentar es una trampa mortal y un freno al desarrollo económico.
No se trata solo de construir una vía, sino de planificarla y ejecutarla bien. Cada kilómetro sin pavimentar es un freno al desarrollo económico de municipios como Capitanejo, Enciso, San Andrés y Málaga. No es aceptable que en Colombia, en pleno siglo XXI, pavimentar 124 kilómetros sea una tarea proyectada a diez años más.
La deuda con García Rovira no puede seguir postergándose. Se necesita voluntad política real, asignación inmediata de recursos y un compromiso que no dependa del calendario electoral. Cada día que pasa sin que esta vía esté terminada es una afrenta a la dignidad de Santander y una muestra de que el Estado aún no ha entendido que la infraestructura no es un favor, es un derecho.
