En Santander, el agua está fragmentada. No solo en las cuencas y microcuencas que recorren la geografía del departamento, sino en la forma en que se presta el servicio de acueducto y alcantarillado. Que en el departamento existan más de 145 prestadores para atender los 87 municipios es la evidencia de una falla estructural crítica en la que prima la ineficiencia y la falta de planeación.
Las consecuencias son preocupantes. Más del 50% de los municipios no cumplen con los estándares básicos de calidad, continuidad y cobertura que exige la ley. Esto significa que miles de familias reciben agua que no siempre es apta para el consumo, que el servicio se interrumpe con frecuencia y que el servicio de acueducto y alcantarillado no cubre a todos los hogares. Detrás de estos indicadores hay un problema mayor: un modelo atomizado que dificulta la gobernanza del recurso hídrico y debilita la capacidad técnica y financiera de los prestadores.
La solución no es inventar más prestadores, ni seguir subsidiando ineficiencias. La solución es regionalizar el servicio. Esto no es un capricho técnico; es la manera más lógica de garantizar que el agua y el saneamiento básico lleguen con calidad y continuidad a todos los rincones del departamento.
La regionalización permitiría aprovechar economías de escala, consolidar recursos y optimizar costos operativos y de mantenimiento. En lugar de 145 prestadores dispersos, tendríamos entidades con músculo suficiente para invertir en tecnología, renovar redes y mantener infraestructura crítica. Significaría planificar de manera coordinada, con una visión regional que trascienda los límites políticos y responda a las realidades de las cuencas.
Un sistema regionalizado sería más atractivo para la banca de desarrollo y la cooperación internacional. Los proyectos de mayor escala logran financiamiento más rápido y con mejores condiciones, lo que asegura sostenibilidad financiera a largo plazo. Además, permitiría concentrar y retener talento técnico y gerencial, evitando que sea el círculo político del gobernante de turno – muchas veces sin criterio – quien determine el futuro de los ciudadanos.
La regionalización también reforzaría la resiliencia ante desastres y eventos climáticos extremos y establecería estándares de calidad y consistencia para que ninguna comunidad reciba un servicio de segunda categoría.
Hoy, la dispersión nos debilita. La regionalización es una necesidad, no una opción. Si queremos garantizar acceso universal al agua debemos actuar ya. Cuesta creer que en un departamento rico en recursos hídricos y con uno de los mejores acueductos del país, no seamos capaces de proponer una solución regional que sea sostenible desde lo ambiental, lo económico y lo social.
