La frase “Colombia el país de la belleza” define muy bien al país por su riqueza natural con sus hermosos paisajes, bosques y selvas, sus caudalosos ríos como el Magdalena, el Amazonas, el Orinoco, el Cauca, el Atrato, el Caquetá y el Putumayo (para citar sólo algunos), sus lagos, lagunas y humedales, sus cordilleras, llanuras, nevados y páramos, sus 61 parques nacionales naturales, sus mares y, desde luego, su diversidad biológica con sus especies de fauna y flora. Además, están sus numerosos atractivos culturales, artísticos y gastronómicos.
Todo esto posiciona al país para hacer del turismo sostenible un factor de gran importancia para su desarrollo económico, social y ambiental. Por eso es fundamental la conservación y protección de todos sus valiosos ecosistemas, comenzando con frenar la deforestación y, además, con la ejecución de planes y proyectos de reforestación y forestación para seguir siendo el segundo país más biodiverso del mundo.
En este contexto, es bueno que se divulgue ampliamente la reciente Ley 2501 del 28 de julio del 2025, “Por la cual se crea y reglamenta la pesca de turismo como práctica sostenible para diversificación del sector pesquero y se dictan otras disposiciones”.
Importante destacar algunos de sus principios, como el aprovechamiento sostenible con gestión eficiente, consiente y responsable de los recursos pesqueros; hacerse con sostenibilidad de sus recursos hídricos e hidrobiológicos sin comprometer la biodiversidad nativa de los diferentes ecosistemas; inclusión social de las comunidades locales para la planificación, desarrollo y beneficios de la pesca de turismo; educación y sensibilización ambiental; ordenamiento territorial que determine en dónde se puede realizar esta actividad y en dónde no, sea pesca continental (fluvial o en lagos) o marina.
Es una ley que con sus 14 artículos debe ser ampliamente difundida, pues está bien reglamentada y es exigente. Bastante trabajo les espera al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) y desde luego a la corporaciones autónomas regionales (CAR).
A las leyes y normas jurídicas en temas ambientales les falta mucha más divulgación y efectividad de las autoridades correspondientes para hacerlas cumplir.
Y para la pesca turística, es necesario una amplia socialización de sus nuevas normas y no esperar para actuar a que se realice donde está prohibida, o se sobrepase la capacidad de carga de los ecosistemas hídricos, poniendo en peligro a las especies como ocurre con los bosques y selvas, la contaminación de quebradas y ríos, el tráfico ilegal de fauna y flora, etc.
Todo esto por la falta de una intensa divulgación de las normas, para más sensibilidad y compromiso de las comunidades.
