El gobierno Trump ha dado suficientes muestras de sus ínfulas imperiales y de su desprecio por el derecho internacional. Por eso es preocupante, la orden secreta tomada por el presidente republicano para involucrar de lleno a sus militares en la guerra contra el narcotráfico.
Esto equivale a llevar la fracasada guerra contra las drogas al terreno militar decretando una cruzada que no reconoce fronteras en la que organizaciones como: el Cartel de Sinaloa, la Mara Salvatrucha, Tren de Aragua, el brasileño Comando Vermelho o las disidencias de las FARC y el ELN, se incluyen en una misma bolsa bajo el calificativo de (OTE) organizaciones terroristas extranjeras.
Tan peligrosa determinación pone en la mira no solo a México o al Salvador sino a los países de la región andino amazónica de América del Sur; una región rica en recursos naturales como petróleo, agua o minerales raros en donde al mismo tiempo, existen estructuras de crimen organizado no solo vinculadas al narcotráfico; sino al tráfico de armas, tráfico de fauna y de coltán.
Dicen que por sus frutos los conoceréis; por eso tengo la convicción que a Trump poco le importa la democracia, la justicia, o la salud de sus connacionales que hoy mueren más por causa del fentanilo que de la cocaína. Su verdadera motivación con este tipo de decisiones es asegurarse el control geopolítico de un territorio que concibe como una provincia de su imperio en su competición estratégica con China.
Es absurdo pensar que, poniendo a los militares estadounidenses en tareas tradicionalmente desarrolladas por agencias como la DEA, se puede resolver un problema como el narcotráfico, cuando el propio gobierno de Estados Unidos ha sido incapaz de enfrentar la demanda de estas sustancias en su territorio. Es tan engañoso como la promesa de acabar la guerra en Ucrania en 1 día.
Intervenciones unilaterales como la invasión de Panamá en 1989 se sabe cómo empiezan, pero difícilmente, como terminan. Además de ser un camino equivocado para enfrentar el crimen organizado; sus efectos políticos, económicos y humanitarios pueden más bien, desestabilizar los gobiernos latinoamericanos, generando un clima de anarquía que paradójicamente, termine castigando a los ciudadanos y favoreciendo el poder de los grupos criminales.
Frente a este peligro inminente, urge una interlocución y acción coordinada entre los países de la región, esfuerzo que puede ser liderado por México, Brasil y Colombia, que hoy tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, para trazar acciones viables y operativas dirigidas a enfrentar las organizaciones de crimen transnacional ojalá con cooperación estadounidense y para defender con firmeza la soberanía y la independencia de nuestras naciones.
