El ordenamiento territorial del área metropolitana de Bucaramanga enfrenta un dilema que ya no admite más dilaciones: actualizar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) municipales para armonizarlos con el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT). Sin embargo, la realidad es que persiste una falta de decisión política que ha convertido esta obligación en un simple trámite aplazado, pese a que la ley exige revisiones periódicas.
El caso de Girón es el más diciente: opera con un POT del 2001 que desconoce las nuevas dinámicas urbanas, la presión inmobiliaria y el crecimiento poblacional. Esta desactualización ha fomentado un desarrollo disperso y desordenado, contrario a los principios de sostenibilidad y cohesión que impulsa el PEMOT. En Piedecuesta, las revisiones de 2007 y 2010 introdujeron apuestas como Guatiguará y la Zona Franca Hospitalaria, pero responden más a coyunturas de inversión que a un modelo integral. Floridablanca, por su parte, se ha dejado guiar por lógicas de mercado, consolidando enclaves residenciales de élite poco integrados al sistema metropolitano. Y aunque Bucaramanga cuenta con un POT actualizado (2014–2027), sus proyectos de densificación no se coordinan con los suelos de expansión de los municipios vecinos, lo que genera desequilibrios y congestión.
No obstante, más allá de la voluntad política, existe un problema estructural que desnuda la fragilidad del discurso sobre la planeación: el agua. Sin la certeza de factibilidad hídrica y el respaldo de las empresas públicas —Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Aqualia y la Piedecuestana de Servicios—, cualquier intento de actualización de los POT es una falacia. No se puede hablar de crecimiento urbano ni de nuevas centralidades, si no está garantizado el recurso más vital. Planear sin agua es, simplemente, construir sobre espejismos.
La consecuencia de esta doble carencia —falta de decisión y falta de agua— es un escenario de planificación asimétrica y ficticia. Los documentos pueden estar escritos, pero en la práctica son los intereses y las licencias particulares los que determinan la ocupación del territorio. De esta manera, el PEMOT queda reducido a un ejercicio de buenas intenciones, sin capacidad de convertirse en la guía efectiva de la gestión metropolitana.
Por eso, la discusión sobre ordenamiento territorial no es un asunto técnico: es una disputa de poder. Estamos decidiendo si tendremos un territorio con reglas claras y visión de futuro o si seguiremos a la deriva, en manos de la improvisación y del mercado. La paciencia ciudadana ya se agotó. Hoy la pregunta es ineludible: ¿hay voluntad política para garantizar agua y un rumbo común, o seguiremos hipotecando el futuro de los ciudadanos metropolitanos?.
