Dicen que mal paga el diablo a quien bien le sirve y la frase aplica a propósito de la descertificación de Colombia, junto a Birmania, Bolivia, Venezuela y Afganistán, por parte del gobierno Trump.
Para comenzar creo que la certificación estadounidense ha funcionado más como un instrumento de chantaje frente a gobiernos que no se alinean plenamente con sus intereses, que como un mecanismo de lucha eficaz contra el narcotráfico.
Ahora bien, mirando los indicadores que orientan nuestra política antidrogas que son los que ha establecido Estados Unidos desde el Plan Colombia: número de hectáreas cultivadas, cantidad de hectáreas erradicadas, destrucción de laboratorios, número de incautaciones, capturas y extradiciones; varios de estos indicadores están hoy en el promedio e incluso por encima, de los gobiernos anteriores excepto, el número de hectáreas erradicadas y de cultivos.
Si bien este gobierno tiene cifras récord de incautaciones con 487 toneladas en 2024, su talón de Aquiles son los bajos resultados en erradicación y el aumento de cultivos que crecieron desde 2015 durante las administraciones de Santos y Duque, alcanzando actualmente, un pico de 250.000 hectáreas. Dos datos muy importantes para Estados Unidos.
De cualquier manera, esta descertificación es injusta a la luz de los esfuerzos y el costo económico y sobre todo humano, que nuestro país ha pagado por décadas en la hasta ahora fracasada guerra contra las drogas. Basta recordar la muerte de 12 policías atacados con un dron mientras realizaban tareas de erradicación en el municipio de Amalfi.
Considerando que la descertificación a Colombia incluyó un “waiver” que evita sanciones económicas y permite la continuidad de la cooperación incluyendo en antinarcóticos, la medida parece tener el propósito de darle un empujoncito a los aliados de Trump, Bernie Moreno y Marco Rubio en las próximas elecciones presidenciales.
No obstante, con esta descertificación simbólica, Estados Unidos asume el costo de enfriar aún más la relación con uno de sus últimos bastiones en América del Sur, en donde China cada vez afianza su presencia. De modo que, desde el punto de vista geopolítico, la descertificación es un tiro en el pie para Washington que puede llevar al actual gobierno colombiano a tomar mayor distancia frente a una potencia a la que percibe como hostil y poco confiable.
